Un grupo de abogados presentó ayer en Nueva York una demanda contra el presidente Donald Trump. Lo acusan de violar la Constitución por recibir pagos de gobiernos extranjeros a través de los negocios inmobiliarios que posee.

La demanda está defendida por la organización Ciudadanos en favor de la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés). Según el grupo, las propiedades inmobiliarias que tiene Trump han creado “incontables conflictos de intereses” y “una influencia sin precedentes por parte de gobiernos extranjeros”, lo que representa una “grave amenaza” a Estados Unidos.

El planteamiento legal acusa al republicano de violar una cláusula constitucional que prohíbe a los funcionarios públicos cobrar remuneraciones de parte de gobiernos extranjeros.

CREW destacó que el hecho de que el magnate no se deshiciera por completo de sus negocios, y que los cediera a su familia, significa que el presidente “ahora recibe dinero y favores de gobiernos extranjeros”.

Los abogados explicaron que cuando como presidente Trump negocie acuerdos comerciales con varios países, el pueblo estadunidense no sabrá si él también considerará sus beneficios empresariales.

En una entrevista concedida a The New York Times, Eric Trump aseveró que la demanda es “acoso puro para beneficio político”.

Expertos legales independientes consultados por el diario precisaron que para que la demanda pueda detonar un juicio los quejosos deben demostrar que han sido afectados de manera directa por la supuesta violación constitucional de Trump. El presidente estadounidense rechazó las acusaciones. Declaró a periodistas en la Casa Blanca que la demanda no tiene méritos.

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