“Matrimonios” por conveniencia

Un matrimonio —el de Daniel Ortega y Rosario Murillo— controla el poder político, gubernamental, legislativo, judicial, electoral, militar, policial y municipal en Nicaragua.

Un matrimonio por conveniencia —el de la pareja presidencial Ortega-Murillo con el gran capital de la iniciativa privada nicaragüense— sella una poderosa alianza por la que el gobernante y su esposa conceden luz verde a los empresarios para que hagan negocios y operen sin amarras, pero con una condición: nunca meterse en política.

Y un tercer matrimonio, el de la pareja con estratégicos sectores de la jerarquía católica nicaragüense, en particular con el cardenal emérito Miguel Obando y Bravo, influyente arzobispo de Managua de 1970 a 2005, blinda el andamiaje de poder.

El billete. “Los empresarios han dicho que los dejen hacer dinero y Ortega les ha dicho que no se metan en política”, dijo el nicaragüense Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la no estatal Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). “Mientras tengamos empresarios blandengues que no les importe la democracia en el país, vamos a tener a un gobierno dictatorial”, agregó, en una entrevista con EL UNIVERSAL.

El empresario José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que aglutina al sector patronal, rechazó los cuestionamientos. En un artículo en la revista del COSEP, Aguerri aseveró que “la institucionalidad política, y más precisamente la institucionalidad electoral, es determinante para seguir creciendo, generar empleo y atrayendo inversión”.

Ortega emuló una línea definida en las décadas de 1960 y 1970 por el entonces dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, último gobernante de la dinastía instalada en 1934 y depuesta en 1979. Somoza pactó con los empresarios más ricos de Nicaragua: “Ustedes hagan los negocios, yo la política”.

Otro lazo que asombra es el de los Ortega-Murillo con Obando y Bravo. Desde antes de casar bajo rangos católicos en 2005 a Ortega y a Murillo, para consolidar una triple alianza, el cardenal se convirtió en crucial socio de la pareja, como lo hizo luego en la campaña electoral de 2006 y después, a partir de 2007, en el gobierno.

Aunque hay sectores eclesiásticos católicos reacios al respaldo al mandatario, Obando y Bravo —símbolo de negociación somocismo/sandinismo y sandinismo/antisandinismo— otorgó bendición política a la pareja, en un concepto familiar vital luego de que Ortega fue acusado en 1998 de abuso sexual por su hijastra, Zoilamérica Ortega Murillo, nacida en 1967 en un primer matrimonio de Rosario.

La justicia dictaminó en 2002 que el caso prescribió y la madre de la denunciante y, a la vez, esposa del denunciado, logró en 2005 aplacar el lío en vías judiciales y limpió la ruta electoral a su marido, acusado por Zoilamérica, para que se postulara (y ganara) a los comicios de noviembre de 2006, para gobernar a partir de 2007.

Ese hecho desnuda el pacto de poder: Murillo lo apoyó a él en vez de a su hija cuando estalló el escándalo y se transformó en personaje útil del esposo y ahora mandatario, para cogobernar con un intenso papel protagónico desde 2007 que superó al de otras primeras damas. Ella fue catapultada al timón clave político y sus vastas ramificaciones ejecutivas, legislativas, judiciales, electorales, empresariales, militares, policiales, municipales, religiosas y mediáticas. Así, negocios y religión ofrecen a la pareja un vital andamiaje para sostenerse en el poder.