Puerto Rico, entre la deuda y la crisis social

San José.— Puerto Rico, que sufre una recesión hace más de 10 años, acumula una prolongada morosidad en su deuda externa, y que está en una carrera contra el tiempo para tratar de abonar 2 mil millones de dólares de su débito foráneo a más tardar el primero de julio, padece un dramático cuadro social que acelera la migración a Estados Unidos y atiza la violencia criminal, mientras crece el acoso de un peligroso visitante —el virus del zika— en una crónica crisis sanitaria.

Con la advertencia de que 20% de los 3,5 millones de puertorriqueños puede infectarse de zika en 2016, las cifras macroeconómicas de la más pequeña de las Antillas Mayores son demoledoras: en 2013, el Producto Nacional Bruto (PNB) fue de 70 mil 740 millones de dólares, pero la deuda externa pública ascendió a 64 mil 957 millones de dólares y ahora supera los 70 mil millones de dólares, según la estatal Junta de Planificación de Puerto Rico.

La isla, que desde julio de 1952 es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, incrementó su deuda con acreedores extranjeros. Para reestructurar ese débito, la Casa Blanca y el Congreso de EU crearon una junta de siete personas con poderes superiores al del Gobernador de Puerto Rico. Mientras tanto, hay un impacto en la migración de puertorriqueños en especial a EU —más de 59 mil de promedio anual de 2006 a 2011— y en el estatus que mantiene hace casi 64 años con EU.

“Se encaminan a imponer un régimen totalitario en la colonia”, acusó el sociólogo y analista político puertorriqueño Hiram Guadalupe Pérez. La medida, reprochó, responde a la presión de los acreedores para que el gobierno de Puerto Rico cumpla con el pago de la deuda “por encima de cualquier otra consideración”.

“Esa condición de colonia sometida es, justamente, lo que permite que se nos imponga un modelo de gobierno autoritario”, afirmó.

La decisión significa instaurar en Puerto Rico “un nuevo orden político cristalizado” con una instancia “a la que se le asignan poderes absolutos sobre nuestros asuntos internos, por encima del gobernador y los legisladores de turno”, explicó.

La junta podrá vender activos estatales, reducir servicios gubernamentales con despido de empleados públicos, y autorizar a bajar el valor del salario mínimo por hora, en una isla cuyas actividades económicas esenciales son la agricultura, la industria y los servicios, en particular el turismo.

Puerto Rico, que en 2016 vive una intensa campaña por los comicios para gobernador en noviembre próximo, “ha sido políticamente liderado por buenos oradores, pero malos administradores”, escribió la puertorriqueña Melissa Padilla Ponce de León, en una bitácora en el periódico El Nuevo Día, el más importante de la isla.

Violencia y salud. La inseguridad también golpea a la isla. Aunque del 1 de enero al 22 de mayo de 2016 registró 7,2 homicidios por cada 100 mil habitantes y está lejos de las tasas que sacuden a Venezuela o Centroamérica, Puerto Rico enfrenta un incremento en hechos delictivos.

Cifras oficiales revelaron que en este año han ocurrido 252 homicidios, 27 más que en el mismo periodo de 2015: 23% se produjo en la ciudad más violenta del archipiélago: San Juan, la capital, con 14,6 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

El zika, transmitido por el mosquito Aedes Aegypti y asociado a males neurológicos y microcefalias al ser contraído durante la gestación, amenaza al estratégico sector turístico. La agencia de noticias EFE desnudó esta semana el problema sanitario: por el éxodo masivo de médicos especialistas en más de una década de crisis económica, numerosos puertorriqueños deben esperar hasta un año para ser atendidos en los centros de salud de la isla.