España pelea con Cataluña

Madrid.— Un día después de que el Parlamento catalán aprobara una resolución en la que se declara “el inicio del proceso de creación del Estado independiente en forma de república”, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió con el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, y con el Rey Felipe VI para recurrir la resolución ante el Tribunal Constitucional y coordinar una estrategia que evite la independencia de Cataluña, mientras que Artur Mas, presidente del gobierno catalán en funciones y principal promotor independentista, no logró ayer ser investido presidente al no conseguir la mayoría absoluta suficiente (68 escaños) en la primera votación de investidura.

Un total de 62 diputados votaron a favor de Mas (Convergencia Democrática de Cataluña, CDC), mientras 73 votaron en contra. Es decir, todos los partidos de la oposición, incluida la Candidatura de Unidad Popular (CUP), una organización política de izquierdas, separatista, anticapitalista y euroescéptica con la que Mas inició su proceso independentista y con la que ganó las elecciones autonómicas del 27 de septiembre al obtener juntos 72 escaños. El jueves habrá un segundo debate de investidura en el que Mas sólo necesitará mayoría simple, pero si los diputados de la CUP vuelven a votar en contra, tal como han anunciado, tampoco lo logrará.

Antonio Baños, líder de la CUP, justificó su voto contra Mas por los recortes y privatizaciones que puso en marcha cuando gobernó, denunció los casos de corrupción en su partido y lo acusó de no haber puesto demasiado énfasis en la construcción del Estado catalán durante su intervención. Subrayó que la aprobación juntos de la declaración de independencia no supone el apoyo a Mas.

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, acusó a Mas de ser el “responsable directo del disparate de ayer (lunes)”. “Nos dice que sólo hay un camino, la independencia. Sólo una manera, fuera de la legalidad. Y sólo un líder, él mismo. Pues le diré: no, no y no. No a la independencia, no a la ilegalidad y no a usted”, dijo. Como solución al conflicto, Iceta abogó por la vía del “consenso y el diálogo” con el gobierno español que salga de las urnas en las elecciones del 20 de diciembre.

El presidente de Cataluña Sí que es Pot, Lluís Rabell, agrupación que también votó contra la investidura de Mas y en la que está Podemos, criticó los ajustes presupuestarios, la privatización de los servicios públicos y la pobreza que se extiende por amplios sectores de Cataluña, dijo que “no hay margen para una desconexión formal” de Cataluña con el Estado español y defendió una “hoja de ruta transitable” que incluya la convocatoria de un referéndum.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, recriminó a Mas que el lunes en su discurso no hubiera hecho mención al tema de la corrupción, pese a que su partido tiene “15 sedes embargadas” y su tesorero, Andreu Viloca, “está en prisión”.

Por lo pronto, Mariano Rajoy mantuvo ayer una reunión con el líder de los socialista, Pedro Sánchez, tras la aprobación de la declaración de independencia. Y Sánchez le dio su apoyo para que recurra la resolución ante el Tribunal Constitucional y para coordinar juntos una estrategia que evite la independencia de Cataluña. Poco después, Rajoy se reunió con el rey Felipe VI, a quien comunicó los pasos que dará.

El Consejo de Estado, órgano consultivo supremo del gobierno, concluyó que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución de independencia. Y dio luz verde al recurso que presentará el gobierno de Rajoy.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ordenó a los Mossos d’Esquadra (policía autónoma catalana), a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si en el proceso independentista se produjeran “delitos contra la forma de gobierno”, incluyendo la sedición o rebelión.

Cataluña, con 7.5 millones de los habitantes de España, es vista como una de las regiones más ricas del país. Aporta 20% del PIB, cuenta con un alto nivel de autogobierno y gestiona competencias que van desde una policía propia, sistema penitenciario, empleo, economía, educación y sanidad. Sin embargo, muchos ciudadanos se quejan de un maltrato propiciado por los gobiernos españoles y de recibir mucho menos de lo que aportan al Estado.