Tegucigalpa.— Las manifestaciones masivas de protesta y descontento que hacen los ciudadanos desde mayo pasado en Honduras son la prueba más contundente de que los hondureños hemos llegado a un punto tan alto de hastío y hartazgo social, que estamos ya en el límite mismo de la rebeldía y el repudio activo contra el abuso, la impunidad y la corrupción generalizadas.

Las marchas de las antorchas, expresión ciudadana de la protesta colectiva, son la mejor demostración de que el Estado y el gobierno han sucumbido a una especie de “ruina moral” y pérdida casi total de la legitimidad política y social. Están en un franco proceso de desintegración ética y disolución institucional.

La gradual evaporación de la institucionalidad pública deriva en erosión y deterioro acelerado del Estado de derecho.

La falta de credibilidad en las instituciones se alimenta y reproduce en el descontento social y el “desencanto democrático”.

La gente pierde la confianza y la sustituye por escepticismo y desconfianza ante el desempeño del Estado. El aparato estatal deja de ser percibido como un instrumento para la buena gobernabilidad y pasa a convertirse en un obstáculo para la misma. La paciencia colectiva se acaba y la explosión social aparece cada vez como más inevitable.

Las marchas han despejado las últimas dudas sobre la capacidad de reacción del pueblo hondureño ante los abusos y la arbitrariedad. Todo tiene un límite, un punto de llegada que no admite retorno hacia la antigua complacencia.

Hay un denominador común: el rechazo ante el abuso, la impunidad y la corrupción. La gente marcha porque está harta de tanta podredumbre, siente hastío social frente al descaro, el cinismo y la impunidad de los que corrompen el tejido social y roban los recursos y dineros del Estado. La gente simplemente ha decidido decir ¡basta ya!, ¡hasta aquí nomás!, ¡no lo toleramos más!

Este es el punto del peligroso agotamiento de la tolerancia social. El momento en que la indiferencia se vuelve impaciencia y se traduce en rebeldía colectiva.
Es el punto al que ha llegado ya nuestra sociedad.

La oposición de los indignados es la ciudadanía en acción. Es policlasista, múltiple, amplia, variada y deviene obligada a ser tolerante y plural, incluyente y democrática. Cabemos todos, sin distingos de clase social, origen, situación o posición de clase, pese a las diferencias de opiniones partidarias o simpatías ideológicas. Es un conglomerado social en su sentido más amplio y abarcador. Repudia lo abusivo e ilegal.

Protesta plural. Hay una naturaleza plural de la masa protestante. Rechaza el autoritarismo y acepta la autoridad basada en la ley y el respeto al Estado de derecho. Exige justicia y rechaza la impunidad.

Reclama con vehemencia el castigo a los corruptos y el cese de su acción depredadora. Repudia la opacidad y pide transparencia. Aboga por el desmantelamiento de las redes mafiosas que, desde el interior y desde el exterior, se han apoderado de y secuestrado los eslabones clave del Estado.

Está contra la represión y los abusos del poder y defiende y exige respeto de los derechos humanos. Condena la vocación autoritaria e intolerante del actual gobierno, que desnaturaliza la verdadera función del Estado, intimida a la población y niega los derechos básicos de la ciudadanía.

Director ejecutivo del Centro de Documentación de Honduras (no estatal)

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