Tegucigalpa.— En un escenario militarizado, a puertas cerradas y en un día clave para la batalla contra la corrupción política en Honduras, el periodista hondureño David Romero será juzgado hoy en un tribunal capitalino por 16 demandas de injurias, calumnias y difamación, por destapar los entretelones de un millonario fraude a la seguridad social que toca redes partidistas sensibles en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y en la Fiscalía General.

Romero fue acusado por la abogada hondureña Sonia Gálvez de Cuéllar, esposa del fiscal general adjunto de Honduras, Rigoberto Cuéllar, porque reveló una supuesta cadena de tráfico de influencias de Hernández y del gobernante Partido Nacional (PN) en el Ministerio Público con un despacho de abogados al que pertenece la querellante, para detener el trámite y silenciar un escándalo por una defraudación de más de 350 millones de dólares de 2010 a 2014 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El periodista, director de Radio y Globo Televisión de esta capital, descubrió una colección de cheques que habría surgido del fraude al IHSS y que aparentemente fue girada a favor del PN, para supuestamente financiarle las campañas internas y nacionales de 2013 que culminaron con el triunfo de Hernández en su carrera a la presidencia para asumir en enero de 2014, en un segundo cuatrienio consecutivo del PN desde enero de 2010, cuando asumió el entonces presidente Porfirio Lobo.

Hernández reconoció que algunos de esos fondos surtieron su campaña electoral, pero advirtió que en su gobierno “nadie” compró impunidad. Ni la abogada Gálvez ni el fiscal Cuéllar estuvieron disponibles para atender a este diario.

“El juicio es una batalla crucial de la libertad de prensa en la lucha por denunciar la corrupción política”, dijo Romero a EL UNIVERSAL. “Quieren silenciarnos, porque el gobierno montó un ambiente de intimidación en el juicio. Me quieren callar”, añadió.

El juicio se hará ante excepcionales medidas de seguridad en una sala de la Corte Suprema de Justicia, en esta capital. En una audiencia el pasado viernes, y luego de varios disturbios de grupos defensores de Romero que temían por su arresto arbitrario, las Fuerzas Armadas de Honduras desplegaron tropas y helicópteros en torno a la Corte y aunque ubicaron a dos soldados en la sala, el tribunal ordenó que fueran retirados. “Toda la zona va a estar tomada este lunes por los militares. El juicio será a puerta cerrada. La sentencia será posterior porque hay un recurso pendiente. La intención de la presencia militar es solo una: intimidar”, recalcó Romero.

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