La comisión encargada de administrar los fondos y propiedades de los Hermanos Musulmanes anunció hoy que ha intervenido cientos de empresas e instituciones vinculadas al grupo en Egipto desde que comenzó su labor en septiembre de 2013.

El presidente de la comisión, el juez Ezat Jamis, explicó que las propiedades intervenidas pertenecían a un total de mil 345 miembros o líderes de la Hermandad, organización declarada terrorista en diciembre de 2013 por las autoridades egipcias varios meses después de destitución militar del presidente islamista Mohamed Mursi.

Jamis destacó que las incautaciones fueron hechas en base a una resolución judicial de septiembre de 2013, que ordenaba requisar los fondos y las propiedades de la cofradía, así como paralizar todas sus actividades.

Un total de  mil 177 asociaciones, cuya naturaleza no fue especificada por la comisión, fueron intervenidas en los pasados dos años y 500 de ellas fueron disueltas porque fueron consideradas "ilegales al no tener licencia" , especificó.

Los Hermanos Musulmanes, antes de su ilegalización hace dos años, efectuaban a través de asociaciones la asistencia social y el proselitismo en los barrios más pobres del país.

Por otra parte, la comisión se apropió de 522 edificios y 400 lotes de terreno agrícola en todo el país, entre los que figuran las antiguas sedes y oficinas de la Hermandad y su brazo político, el Partido Libertad y Justicia.

También fueron intervenidos 103 colegios de diferentes niveles educativos, así como 50 hospitales, en los que los islamistas solían ofrecer educación y sanidad a bajo coste o gratis.

Los centros médicos están ahora bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad egipcio, explicó Jamis, mientras que las escuelas están dirigidas por el "Consejo de colegios del 30 de junio", que incluye a expertos y profesores.

Asimismo, la comisión intervino un total de 532 pequeñas y medianas empresas, de diferentes sectores, de las cuales sólo 75 siguen abiertas y trabajando a día de hoy.

Jamis anunció, además, que la comisión se hizo con el patrimonio del empresario Ahmed Safuan Zabet, directivo del grupo empresarial de lácteos egipcio Yuhaina, por sus supuestos vínculos con los islamistas.

Todos los bienes personales de Zabet y sus participaciones en el conglomerado fueron congelados, mientras que los fondos de las empresas no fueron intervenidos y estas siguen operando con normalidad.

El organismo también ha congelado los fondos de varios activistas conocidos por su oposición al nuevo régimen del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

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