Agenda Washington

Cuando la Procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez González, se comunicó ayer con la Procuradora General de EU, Loretta Lynch, el tono de la conversación seguramente fue de rendición de cuentas para informarle sobre los pormenores de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán de una cárcel de máxima seguridad.

No podía ser de otra forma. En febrero de 2014, cuando México anunció al mundo la captura del narcotraficante más buscado en el mundo, fue difícil ocultar la mano que desde las agencias federales y de inteligencia de EU habían conseguido estrecharle el cerco al líder del cártel de Sinaloa.

La puesta en escena de esa captura en unos apartamentos de Mazatlán, donde Joaquín “El Chapo” Guzmán se había encontrado con su esposa Emma Coronel, había contado con la colaboración de las autoridades de EU. Los tiempos de la captura y su difusión dejaron tras de sí la huella de la DEA en México, con la filtración a la agencia AP de la exclusiva de la captura, la posterior difusión de una foto en las páginas de The New York Times y la larga espera desde el Departamento de Justicia para que el gobierno de México diera a conocer al mundo lo que ellos ya sabían por adelantado.

El golpe contra "El Chapo" le permitió a EU revalidar su condición de indispensable en la lucha contra los carteles de la droga, una realidad que se impuso desde la presidencia de Felipe Calderón (con el uso de drones y de labores de inteligencia de las agencias federales estadounidenses) y que al presidente Enrique Peña Nieto le costó mucho trabajo aceptar en el inicio de su mandato.

La captura de El Chapo derribó las resistencias del gobierno de México que, desde entonces, ha vuelto a elevar el nivel de cooperación con las agencias federales de EU.

Por esta razón, la fuga del narcotraficante ha obligado a la Procuradora General de México a rendir cuentas a su colega Loretta Lynch en Washington. No sólo para desentrañar la red de corrupción que permitió una segunda fuga de El Chapo, sino para tratar de apurar su captura y un proceso de extradición que sería inevitable ante la desconfianza de EU hacia el sistema de justicia y de seguridad de su vecino del sur.

Hoy no cabe duda que, las dudas del presidente del comité de seguridad interna en la Cámara de Representantes, Michael McCaul, sobre el riesgo de una nueva fuga de El Chapo, estaban justificadas. Cuando en febrero de 2014 elevó su petición al gobierno de México, para acelerar el proceso de extradición del líder del cartel de Sinaloa, para enfrentar el rosario de causas abiertas que tiene en los tribunales de Chicago, Nueva York, Texas o California, las autoridades mexicanas respondieron con un no rotundo.

El entonces procurador de México, Jesús Murillo Karam, quien se quejaba de procesos de extradición que terminaban con la liberación de los delincuentes a quienes EU había convertido en testigos protegidos, consideró que era indispensable que El Chapo purgara su condena en México antes de siquiera se discutiera su extradición.

Hoy, tras una fuga que ha humillado al gobierno de México y ha dejado en evidencia su incompetencia para garantizar su seguridad en una cárcel de máxima seguridad, las apuestas a favor de una extradición se han elevado considerablemente. Sobre todo si, como podría ocurrir, en la localización y posible recaptura de El Chapo, participan nuevamente las agencias federales de EU que difícilmente colaborarán por segunda ocasión si no tienen garantías mínimas de un proceso de extradición que termine con el líder del cartel de Sinaloa en una prisión estadounidense.

cg