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Análisis: Institucionalidad debilitada

Este pequeño país centroamericano se encuentra con una crisis institucional sin precedentes (Foto: EFE/Archivo)
28/06/2015
02:33
Nery E. Rodenas Paredes
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Si hay un país en donde no es posible aburrirse es Guatemala. Las noticias de escándalos son el pan nuestro de cada día y una democracia joven pero con una institucionalidad que no se fortalece. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores y las exigencias de la ciudadanía, quienes nos gobiernan no permiten que gocemos de una vida más tranquila.

Todos los gobiernos presentan un plan que parecería superar todos los problemas en una forma mágica. Pero hoy, este pequeño país centroamericano se encuentra con una crisis institucional sin precedentes y en donde se dan casos como con la vicemandataria (Roxana Baldetti), quien se vio obligada a renunciar bajo una lluvia de señalamientos de corrupción en los que sus colaboradores son los principalmente relacionados de participar en una red de evasión fiscal, participación que fue investigada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que es una novedosa apuesta internacional para fortalecer la administración de justicia.

Este tipo de actividades ilícitas provocan que no se logren recaudar suficientes recursos que permitan satisfacer las necesidades ciudadanas. Por eso, se percibe una crisis a todo nivel en donde el Estado no cumple con su papel primordial. Hay escasez de insumos en los hospitales, en donde los médicos tienen que recurrir a actividades ingeniosas para atender las necesidades de salud. Las carreteras están descuidadas, las obras públicas son escasas o sin concluir, los salarios de empleados estatales sin pagar y una generalizada desatención a todo aquello que se refiera a la presencia del Estado. Si a esto agregamos que cada semana los noticieros comunican casos escandalosos de corrupción en casi todos los entes estatales, como el de esta semana en la Policía Nacional Civil, que evidencia lo fácil que es robar en el gobierno y que generalmente los actores de estos hechos piensan que nunca serán descubiertos. 

Aunque el conflicto armado interno de 36 años (1960-1996) finalizó hace 18, todavía no existe capacidad de tener un país más inclusivo. Los campesinos, indígenas y afrodescendientes siguen en una situación que atenta a su dignidad humana. 

Pero se advierte una mejor organización en lo que respecta a sus demandas y protección de sus derechos, como lo que sucede con proyectos empresariales que atentan en contra del medio ambiente y son una actividad que parece ir en aumento, pese a la oposición de las comunidades.

Esta conflictividad social es una bomba de tiempo, ya que si no se atiende adecuadamente puede tener consecuencias imprevisibles, en virtud de que las estrategias actuales de estas compañías son confrontar a los grupos opositores y buscar el respaldo del gobierno para criminalizar la protesta social y anular las pretensiones de las comunidades afectadas.

La ola de criminalidad sigue siendo un problema latente en la vida de todo guatemalteco y las ofertas de disminución (de la inseguridad) hechas por los gobiernos no se cumplen adecuadamente, a pesar de pactos de toda índole que parecieran eficaces y que en la práctica no promueven cambios sustanciales. La presencia de grupos criminales, narcotraficantes y de las pandillas juveniles gana terreno y contribuye a que se continúe con un clima de violencia e inseguridad que nos convierte en un país con una crisis permanente.

Director Ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala

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