Guatemala destapa otra red de corrupción

Ciudad de Guatemala .— Las fuerzas de seguridad capturaron ayer a 10 empleados públicos y a un ex viceministro del actual gobierno, acusados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de fraude y lavado de dinero, con conexiones en Panamá. Tras estos hechos, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró que estos “ejemplos” deben continuar para instaurar la transparencia.

“Esto es parte de la lucha que se tiene contra la corrupción y a favor de la transparencia”, dijo el mandatario a periodistas.

El jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, y la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, informaron en conferencia de prensa que la estructura criminal constituyó una sociedad anónima en Panamá, a cuyas cuentas bancarias en ese país desviaban los fondos defraudados.

Este fue el cuarto golpe que en menos de tres meses el organismo, que desde 2007 actúa por mandato de la ONU en el país, da a estructuras criminales vinculadas al gobierno de Otto Pérez (2012-2016) y que generaron una crisis institucional sin precedentes, desde abril, que provocó el 8 de mayo la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Los capturados, en su mayoría empleados de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación (Interior), son señalados por el desvío de unos 6.7 millones de dólares de los recursos de ese ministerio, donde en mayo renunció el entonces titular de la cartera, Mauricio López, hombre de confianza de Pérez.

Uno de los detenidos es Héctor Rodríguez Heredia, ex subdirector de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), nombrado por López. Los cargos contra los detenidos son asociación ilícita, fraude, concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, indicaron fiscales del Ministerio Público (MP).

El jefe de la Cicig y la fiscal general guatemalteca explicaron que la red operaba mediante la adquisición de bienes y servicios para reparación de autopatrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) o contratación de servicios para reacondicionar las instalaciones de las sedes policíacas.

Sin embargo, nunca se celebró un contrato con un proveedor; las reparaciones eran hechas por el mismo personal de la PNC y se pagaba a una empresa fantasma, como ocurrió con un lote de repuestos para los vehículos de la institución por valor de 1.5 millones de dólares, indicaron Velásquez y Aldana.

En abril, la Cicig desarticuló una estructura criminal dedicada a la defraudación tributaria y en mayo logró la captura de los integrantes de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por un caso de fraude. Y la semana pasada fueron capturadas cinco personas y se planteó solicitud de antejuicio por corrupción contra el diputado Baudilio Hichos.

También en Centroamérica, ayer el presidente hondureño Juan Orlando Hernández anunció la creación de un sistema integral de combate a la impunidad y la corrupción con la participación de jueces y fiscales internacionales en un contexto de protestas lideradas por un grupo de jóvenes que se mantiene acampado frente a la casa presidencial. Agencias