Tuve la fortuna de contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la ciudad donde nací, estudié, donde he trabajado y formado una familia.

La contienda fue una de las experiencias más valiosas de mi vida, por la oportunidad de conocer mi Ciudad a fondo, en lo físico y en lo político, así como el estado que guarda su gobierno y sus servicios.

Durante los siete meses del proceso electoral pude generar un diagnóstico riguroso de los problemas de la Ciudad y también plantear soluciones de política pública que buscan resolver los problemas de fondo. Estas soluciones fueron construidas con la participación de diversos actores ciudadanos, a los que agradezco profundamente.

El diagnóstico pasa por una Ciudad con servicios deteriorados por la falta de inversión pública y por un empobrecimiento de la población, a partir de un sistema clientelar que distribuye recursos públicos con cargo a criterios políticos y no sociales, lo que amplía las brechas de inequidad, tomando en cuenta que los más pobres son los que resienten con más intensidad la carencia o la deficiencia en los servicios.

Esto ha generado que de 2000 a 2017, la pobreza en la capital del país se incrementara en 2.4 millones de personas y el desempleo, en otros 3.3 millones.

Otro problema asociado al clientelismo es la falta de competitividad, nuestra Ciudad ha perdido en 20 años cinco puntos del PIB nacional y, conforme al indicador Doing Business 2017, del Banco Mundial, está en penúltimo lugar nacional en competitividad.

Otro elemento de debilidad institucional es que el gobierno capitalino es percibido como el más corrupto del país, conforme a la encuesta del Inegi de 2017, lo que implica que muchas de las decisiones de inversión se van a otras entidades.

También vemos que la infraestructura de la Ciudad en movilidad y agua se ha envejecido por la falta de inversión. La inversión pública ha decrecido de forma constante, mientras el presupuesto ha crecido en términos reales de 2010 a 2016.

Esta desinversión tiene comprometida la operación básica del Sistema de Transporte Colectivo Metro y perdemos 40% del agua en fugas, cuando la mitad de la gente no tiene agua corriente, conforme a la definición del Banco Mundial.

Lo anterior se combina con un incremento inusitado de los niveles de inseguridad, tanto en percepción como en número de delitos e impunidad, lo que sin duda es lo que más preocupa a la población y afecta los niveles de bienestar. Hoy en la capital sólo se denuncia 10% de los delitos y apenas se resuelven seis de cada 100; es decir, el porcentaje de impunidad es de 94%.

De esta evidencia también se desprende lo que creo más grave, que la gente con menos ingreso es la que ve más afectados sus derechos básicos por los malos servicios y la mala calidad del gobierno.

Por ejemplo, en la Ciudad de México el que menos tiene gasta entre 51 y 200 pesos diarios en un transporte inseguro e ineficiente, y el que no tiene agua corriente eroga 500% más para obtenerla, al tener que comprar agua en pipas.

No podemos hablar de una “ciudad de vanguardia”, cuando el acceso a los servicios básicos no se garantiza por ineficacia gubernamental y ausencia de políticas públicas que sean certeras.

Ciertamente, estos problemas no son ajenos a los de las grandes capitales del mundo y tampoco desaparecen con la elección de 2018, por lo que deberán ser abordados y resueltos por las nuevas autoridades y, sin duda, por la sociedad.

Es por ello que, a partir de este espacio que aprecio profundamente a EL UNIVERSAL y a la familia Ealy, quiero aportar mi experiencia como ex servidor público y ciudadano, para abordar temas de interés de la Ciudad y de nuestro país, y plantear soluciones de política pública que mejoren las condiciones de vida de todos.

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