La amnistía, tomada en serio

Una de las propuestas que mayor polémica ha suscitado en lo que llevamos de las campañas para la Presidencia de la República es la que hizo el candidato López Obrador sobre la necesidad de procurar una amnistía a quienes han sido sentenciados por haber cometido ciertos delitos.

La idea ha generado reacciones a favor y en contra, al grado de que varios de los juristas que están en el equipo de AMLO han tenido que salir a aclarar el alcance de la propuesta, como lo hizo de manera extraordinariamente clara la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

Debe aclararse quizá que la amnistía es diferente al indulto. Mediante un indulto se perdona a una persona que ha sido condenada, para que no cumpla con la sanción impuesta. Es de carácter individual y no extingue la responsabilidad penal (el indultado sigue siendo considerada culpable), sino que solo impide el cumplimiento de la pena. La amnistía por el contrario es de carácter general (se determina por mandato de ley) y puede beneficiar a un grupo de personas, las cuales no son consideradas como responsables de haber cometido un delito.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado límites a leyes de amnistía para perdonar delitos cometidos desde el poder público, sobre todo cuando son violaciones graves a los derechos humanos. Ese sería un dique a la propuesta de AMLO: no podría usarse para perdonar a violadores de derechos humanos (recordemos que México tiene dos casos ante la Corte Interamericana por violaciones graves a los derechos humanos, en San Salvador Atenco y en el marco de la guerra contra el narcotráfico en Chihuahua).

La idea de perdonar a personas que han sido apresadas por delitos menores (como por ejemplo a campesinos que enfrentan un proceso penal por sembrar marihuana), puede ser interesante si nos obliga a voltear a ver el uso indiscriminado y autoritario que durante años se ha hecho del sistema penal. En México el derecho penal ha servido para castigar sobre todo la pobreza.

Nuestras cárceles están llenas de pobres, que con frecuencia no han tenido buena asistencia jurídica y están ahí por cometer delitos que en otros países no ameritan proceso penal. Ojalá que con la propuesta de AMLO podamos voltear a ver a esas personas y nos preguntemos si encarcelarlos es la mejor respuesta que como sociedad podemos ofrecerles.

La propuesta de la amnistía no sería adecuada —desde mi punto de vista— si se usa para perdonar actos de corrupción, abusos policiacos (tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales) o delitos cometidos desde el poder público.

La idea de que el Estado perdone a quienes han cometido un delito no es nueva en México. De hecho ya existe y se ha aplicado masivamente. Si consideramos que solamente se castiga uno de cada 100 delitos cometidos, lo que tenemos es una amnistía “de facto”, la cual alcanza también y sobre todo a los delitos cometido al amparo del poder: cientos o acaso miles de funcionarios de todos los niveles que han cometido graves delitos de corrupción, siguen en absoluta libertad y disfrutando de cuentas bancarias y bienes inmuebles en el extranjero. A ellos tal parece que ya les aplicaron una amnistía, aunque sea de forma velada y sin que lo haya sabido la ciudadanía.

Lo que deberíamos hacer es tomarnos en serio la propuesta de AMLO, no para que nuestro sistema penal sea todavía menos eficiente de lo que es, ni para aumentar la enorme impunidad, sino para volver a pensar qué conductas debemos castigar y a quienes debemos enviar a la cárcel.

Es obvio que el sistema penal mexicano está en una profunda crisis (desde la prevención del delito hasta el delicado tema de las cárceles, tenemos mucho por mejorar), de forma que todo lo que podamos hacer para mejorarlo debe ser analizado con seriedad y serenidad.

Ojalá que junto a la propuesta de la amnistía los candidatos nos digan también qué piensan hacer para que nuestra policía sea más eficiente, para que los ministerios públicos hagan mejor su trabajo, para que no haya corrupción judicial y para que nuestras cárceles funcionen como se debe. Eso haría más creíbles sus propuestas sobre la cuestión penal y el perdón a los delincuentes.

Investigador del IIJ-UNAM