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Ramón Martínez García, alias “El Lagarto”, fue sentenciado a 21 años ocho meses de prisión por robo y violación cometidos en junio del año pasado a bordo de un autobús de transporte de pasajeros que circulaba por la autopista México-Querétaro.
El sentenciado aún es investigado por otro caso en el que se le acusa de los mismos delitos cuando abusó de una mujer en un autobús de ETN.
Martínez García fue sentenciado el pasado 21 de diciembre a 21 años ocho meses de prisión por los delitos de robo y violación, ambos con la agravante de haberse cometido con violencia y a bordo de un autobús de la línea Autotransportes Herradura de Plata, que circulaba por la autopista México-Querétaro, el 10 de junio del 2016.
Dicha sentencia ocurrió en procedimiento especial abreviado, con lo que el hombre aceptó su responsabilidad en el asalto a los pasajeros de un autobús Herradura de Plata y la violación a una mujer, el 10 de junio del 2016, y obtuvo sentencia mínima.
El detenido enfrenta otra acusación por los mismos delitos, cometidos el 7 de junio del 2016, es decir tres días antes, en contra de pasajeros de un autobús de la línea ETN que circulaba por la autopista México-Querétaro, aunque un juez de control rechazó la solicitud del imputado para efectuar procedimiento especial abreviado, su situación jurídica se resolverá en juicio oral.
La mañana del viernes se efectuó audiencia intermedia en la que el hombre solicitó al juez procedimiento especial abreviado por hechos registrados el pasado 7 de junio, en los que junto con otro sujeto presuntamente asaltó a los pasajeros de un autobús de la línea ETN y violó a una mujer, cuando la unidad circulaba por la autopista México-Querétaro, a la altura de Coyotepec.
El imputado solicitó al juez de control el procedimiento especial abreviado, aunque dijo que fue amenazado por policías federales para aceptar su responsabilidad en los hechos y lo amenazaron con encarcelar a su esposa y ex esposa, por lo que el impartidor de justicia rechazó la solicitud y el asunto se resolverá en juicio oral.
Con el procedimiento especial abreviado el imputado debe aceptar su responsabilidad en los hechos y obtiene como beneficio la pena mínima de los delitos de que es acusado.
“Estaba muy nerviosa, pero a la vez optimista de que ya iba a terminar esto. No va a terminar, él quiere hacer esto largo porque cree que va a salir absuelto, pero no ha aportado ni una sola prueba de nada de lo que él dice que no hizo. Yo tengo 43 pruebas en contra de él”, afirmó Rosa Margarita Ortiz Montoya, víctima de los hechos.
Agregó: “¿Qué pasa? Estos casos no sé por qué se alargan, si tengo tantas pruebas en contra de él, porque le dan beneficios de que él opine esto o que él opine lo otro. Está mal porque uno como víctima se siente que a veces son más abogados de ellos que de uno. Dicen que es su derecho de él. Ya había aceptado y ahora se retracta. ¿Qué, todas las veces que diga una cosa y otra lo van a estar apoyando?, creo que debe haber un límite”.
Durante la audiencia el imputado aseguró “me doy por confeso”, aunque también afirmó que policías federales lo presionaron para que aceptara su responsabilidad, por lo que el juez de control rechazó la solicitud de que el asunto se resuelva por procedimiento especial abreviado.
El próximo 17 de febrero continuará la audiencia intermedia y el juez fijará fecha para el inicio del juicio oral, aunque el imputado puede volver a solicitar juicio especial abreviado.
ahc
