Ejidatarios de San Bartolo Tenayuca reclaman la restitución de 1.3 hectáreas invadidas por consorcios empresariales que ocuparon 16 predios de propiedad ejidal en el kilómetro 5.7 de la carretera Lago de Guadalupe, en la colonia Villas de la Hacienda, vecino del municipio de Atizapán de Zaragoza; el despojo fue avalado por el ex alcalde panista Gonzalo Alarcón Barcenas, en contra del que interpusieron demanda penal por “delitos cometidos por fraccionadores”.

En el auditorio ejidal, ubicado junto a la gran pirámide prehispánica de Tenayuca, 153 ejidatarios encabezados por el presidente, Alfonso Martínez Calderón y por su abogada Julia Camero Gallardo, dieron a conocer la resolución de la magistrada María Eugenia Camacho Aranda, del juicio agrario 383/2011, que les fue notificada el 13 de enero de este año, donde la juez ordenó a las empresas Zapata S.A. de C.V. y Agil, S.A. de C.V., a restituir al núcleo ejidal un superficie de 2 mil 907 metros cuadrados, que ocupan desde hace casi una década, para lo cual dió un plazo de 60 días.

Además la magistrada ordenó el pago de 5 millones 359 mil pesos, a los ejidatarios de San Bartolo Tenayuca, por concepto de renta, por el tiempo que dichas empresas han ocupado un lote de 2 mil 907 metros cuadrados; así como al pago de rentas durante el tiempo que se prolongue el juicio agrario 383/2011.

“Llevamos casi una década en juicios agrarios, penales y civiles, para buscar recuperar 13 mil metros cuadrados, es decir 1.3 hectáreas que fueron invadidas por empresas particulares”, entre ellos el lote de 2 mil 907 metros cuadrados que ocupa la empresa automotriz “Zapata”, señaló el dirigente ejidal Alfonso Martínez Calderón.

En estos años, autoridades de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, extraviaron o desaparecieron temporalmente expedientes de la demanda penal ATI/III/623/2008-02 que los ejidatarios de Tenayuca interpusieron en contra de autoridades municipales, encabezadas por el ex alcalde Gonzalo Alarcón Barcenas, que afirman permitió la ocupación, lotificación e incluso expidieron licencias de construcción en tierras ejidales, que son inembargables, imprescriptibles e inalineables, señaló la abogada en conferencia de prensa.

La magistrada marcó plazos para el cumplimiento de la sentencia del juicio agrario 383/2011, que están por cumplirse, por lo que es necesario que tanto el gobernador Eruviel Avila Villegas como el fiscal General de Justicia del Estado de México, ordenen el cumplimiento de esta resolución “para hacer justicia a los ejidatarios de San Bartolo Tenayuca, muchos de los cuales son adultos mayores a los que sólo les han ofrecido centavos por sus tierras que valen oro”, al ubicarse en uno de los corredores comerciales de mayor plusvalía del valle de México, apuntó la abogada.

cev

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