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Naucalpan, Méx.— Luego del desalojo y derribo de 160 viviendas, 65 de tabique y concreto, así como un templo cristiano, para liberar una zona ecológica del Bosque de Los Remedios, sólo quedan dos casas en pie, porque están selladas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad, al detectar presuntamente armas y drogas.

Autoridades del estado coordinaron el 31 de julio pasado un operativo de rescate y liberación de zonas ecológicas, donde desalojaron 95 viviendas de hule y lámina, y 65 de tabique, en el Boque de Los Remedios, en los polígonos 1 y K y ampliación K, donde familias habían ocupado laderas de una barranca en una situación de alto riesgo, indicó la presidenta municipal Claudia Oyoque Ortiz.

En las acciones participaron más de mil policías estatales y municipales, de los cuales se mantienen en la zona cerca de 200, quienes impiden el paso a la zona boscosa, que fue liberada. En cuatro días, cuadrillas de trabajadores con retroexcavadoras destruyeron casas de dos pisos e incluso la base de lo que sería un templo cristiano, salones y baños del Ministerio Ciudad de Dios, edificado en mil metros cuadrados.

En la zona ecológica liberada sólo quedan dos casas, que no han sido derribadas, porque fueron selladas por la PGJ de la entidad, al detectar presuntamente drogas y elementos balísticos, según fuentes oficiales. De los 10 detenidos en el desalojo, sólo una mujer fue enviada al penal de Barrientos, luego de que presuntamente atacó a un oficial.

Zona en litigio. Cerca de 83 familias desalojadas del Bosque de Los Remedios aseguran haber fincado luego de que el empresario Guillermo Gargollo, ex yerno de José Ernesto Solís, les “cedió” predios, no obstante este lugar forma parte de las 336 hectáreas que forman parte del juicio agrario 810/2010; los ejidatarios de San Juan Totoltepec sostienen un proceso por el terreno contra los herederos del empresario inmobiliario luego de que él falleció en 2013, indica el abogado Alfonso Anguiano Ramírez.

La ocupación de la zona boscosa, con invasiones hormiga y de gente que ha lotificado la zona a lo largo de la avenida de Los Cipreses, derivó en que ejidatarios de San Juan Totoltepec iniciaran desde 2010 denuncias por daño ecológico ante la Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) y ante Medio Ambiente del municipio.

En este mismo corredor ecológico, Profepa como Propaem han realizado decenas de operativos, en los que han colocado decenas de sellos de clausura a construcciones, minas y maquinaria que han derribado árboles y rellenado ríos como el de Las Julianas, de lo que ha dado cuenta EL UNIVERSAL.

Contradictoriamente y al mismo tiempo, decenas de camiones cargados con tierra y cascajo ingresan todos los días a este lugar, donde siguen rellenando barrancas y tapando árboles.

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