Combaten en verificentros la corrupción con videollamadas

La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México puso en operación casetas telefónicas para videoconferencias en cada uno de los 99 verificentros que operan en la entidad, a través de las cuales los ciudadanos pueden comunicarse directamente con autoridades de la Procuraduría de Protección al Ambiente, para presentar quejas o denuncias.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Contreras, informó que con está tecnología se logró clausurar un verificentro de Huixquilucan, donde un ciudadano denunció hechos de corrupción que pudieron ser comprobados.

De hecho, los tres verificentros que operan en Huixquilucan fueron sancionados, informó el funcionario, tras detallar que de los 99 centros de este tipo autorizados en toda la entidad al menos 19 ya han sido clausurados, aunque no de forma definitiva, pues después de pagar las multas y corregir los procedimientos pueden reabrir, explicó.

Contreras Nieto detalló que las “casetas para videoconferencias” fue un diseño desarrollado por especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y para el cual se destinó alrededor de un millón de pesos, provenientes del presupuesto federal.

“A través de esas casetas hay la posibilidad de que el ciudadano que tenga el problema de enfrentarse a algún acto de corrupción o acto de maltrato pueda comunicarse a la oficina del procurador y en ese mismo momento se toman las medidas necesarias”, señaló.

Expuso que los hechos ocurridos en Huixquilucan se derivaron de una de las primeras videollamadas que se reciben a través de este sistema, cuyo propósito es mejorar el servicio a la ciudadanía y prevenir actos de corrupción.

El funcionario detalló que como resultado de esta acción, no sólo se cerró el verificentro sino que también se detuvieron a tres personas, implicadas en el caso “por actos posiblemente constitutivos de delitos”.

El secretario del medio ambiente del gobierno mexiquense mencionó que de los 19 casos de verificentros clausurados, en tres se debió a actos relacionados con violaciones a la normatividad ambiental administrativa y en otros tres por actos probablemente constitutivos de delito, “particularmente por actos de corrupción”.