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En coordinación con la Policía Federal y gracias a varias denuncias anónimas, la Procuraduría capitalina realizó operativos en cuatro bares de la avenida Tláhuac en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa y rescató a 87 mujeres que se presume eran explotadas sexualmente, dos de ellas menores de edad, también detuvo a ocho personas, propietarias y encargados de reclutar a las presuntas víctimas.

Los bares operaban desde hace años en el corredor de la avenida Tláhuac. Aparentemente las mujeres los denunciaron cuando sus ganancias se vieron mermadas, pues éstos les empezaron a pagar menos por cada trabajo sexual.

Según la Procuraduría, la mecánica de explotación consistía en que las afectadas eran enganchadas por el propietario del negocio para que dieran servicio como damas de compañía; sin embargo, se les exigía consumir bebidas alcohólicas con los clientes.

En la primera revisión, Jesús David Ramos García, dueño del sitio, Juan Arturo León Tolentino y Genaro García Gutiérrez fueron capturados luego de que se cumplimentó una orden de cateo girada por el Juez 18 Penal, para el inmueble localizado en Avenida Tláhuac, colonia Pueblo San Lorenzo.

En el mismo sitio fueron rescatadas 20 víctimas, tres de ellas menores de edad, y se detuvo a Petra Ortiz Hernández, como probable responsable. En el tercer negocio se logró liberar a cinco mujeres y se aseguró a Arturo Zempoaltecatl Carrillo e Isela Acuña Escalante; en el cuarto se rescató a 32 agraviadas y se aprehendió a Javier Jurado Valencia y Miguel Castro Olivares.

Una vez integrada la averiguación previa, y tras ser plenamente identificados por sus víctimas a través de la cámara de Gesell, los varones fueron consignados al Reclusorio Preventivo Oriente y las mujeres al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla donde quedaron a disposición de un Juez Penal por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.

Las 87 mujeres rescatadas recibieron apoyo psicológico, médico y orientación jurídica, el dictamen de psicología forense determinó afectación y alto grado de vulnerabilidad, por lo cual la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad intervino para brindarles la atención integral a estas víctimas.

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