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El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para imprimir cerca de 7 millones de boletas, instalar 12 mil casillas y reclutar al menos a 48 mil ciudadanos para que funjan como funcionarios propietarios en la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el 5 de junio.

Aún sin presupuesto asignado para financiar ese proceso, y con reglas electorales poco claras, los consejeros del INE se preparan para organizar la elección de este año, que tendrán que interpretar y adaptar buena parte de la legislación electoral existente.

El proceso se realizará para elegir 60 de los diputados asambleístas, en tanto que 40 serán designados por el Congreso de la Unión (14 el Senado, 14 la Cámara de Diputados), el jefe de Gobierno del Distrito Federal (seis) y el jefe del Ejecutivo federal (seis).

La elección será inédita porque la labor del Constituyente, que se instalará el 15 de septiembre, servirá para la conversión del Distrito Federal en una entidad más de la Federación, y porque el decreto de reforma política que ordenó al INE organizar la elección sólo previó reglas generales.

Por ello, buena parte de las decisiones para la organización del proceso deberán ser adaptaciones de lo que sí está legislado, con el fin de integrar todo en la convocatoria a elección, prevista para emitirse el día 29 de enero.

Los consejeros analizan dar financiamiento igualitario para los candidatos a diputados de la Asamblea Constituyente, sean de partido político o independientes. Está en estudio, también, el modelo de boleta. Una alternativa es que en ella se incluya sólo logotipos de partidos y la lista de aspirantes independientes, identificados por número, y que podrán ser hasta 60.

La otra es la emisión de carteles para que consten los nombres de todos los candidatos (60 por cada partido, más los independientes) con el fin de permitir más claridad al voto ciudadano, y ante la imposibilidad de que todos quepan en una boleta estándar.

Esos, entre otros temas, están en la mesa de los consejeros. El INE acordará reglas si hacen falta, empatará calendarios, pero “ser creativos no significa inventar irracionalmente, tenemos que tomar como base la normatividad existente”, explica el consejero del INE, Javier Santiago Castillo.

El decreto de reforma política dio al instituto cierta libertad para la toma de decisiones, al establecer que “podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en la legislación” para garantizar actividades y procedimientos.

Por citar un ejemplo, no existe fórmula para determinar financiamiento de campañas de diputados del Constituyente, ya que éstos serán electos de una lista, por la vía de la representación proporcional, no por distrito.

Más aún, ésta, sostiene el consejero, “es una elección de representación proporcional y una combinación de elección de representación proporcional y mayoría para los candidatos independientes, porque deben obtener un umbral de votación, entonces tenemos que estudiar con cuidado”.

Convocatoria, lista. El INE alista llamar a elecciones, sin agotar el plazo de ley de 15 días a partir de que el decreto sea promulgado, para dar más tiempo al desahogo de cada etapa del proceso, mismo que así podrá desarrollarse en 4 meses: febrero, marzo, abril y mayo, explica el consejero Arturo Sánchez.

Entre las etapas que no son visibles pero son parte esencial del proceso está la contratación de Capacitadores Asistentes Electorales (CAES), la insaculación de ciudadanos, la visita y capacitación de 84 mil al menos, entre propietarios y suplentes, para que participen como funcionarios de casilla.

El consejero detalla algunos de los dilemas que enfrentan para redactar la convocatoria. Por ejemplo, sobre el financiamiento público que se solicitará para campañas la legislación prevé que cada año electoral los partidos gozan de un monto adicional del 30 % del gasto ordinario que hoy tienen, para financiar sus campañas.

De aplicarse este criterio los partidos tendrían 104 millones de pesos, a distribuirse también con los aspirantes independientes que alcancen registro.

Según la ley, de la bolsa total de financiamiento, el 30% se asigna de forma igualitaria entre todos los partidos, y el 70% en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido en la elección anterior, pero eso tampoco está definido por el INE.

Eso depende, explica Santiago Castillo, de la duración que se fije para las campañas, “el dilema es 60 días, como dice la legislación federal, o 45 días, como dice la legislación local”.

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