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La Línea 12 del Metro volvió a operar en su totalidad; sin embargo, continúan las investigaciones en contra de los responsables por las irregularidades que derivaron en el cierre del servicio.

El contralor general, Eduardo Rovelo, informó que a la fecha son 46 servidores públicos los que a través de 86 juicios administrativos permanecen bajo investigación. Además, de 12 casos que se tienen ante el Ministerio Público por delitos como el uso indebido del ejercicio público.

Anunció que antes de que concluya este año se dará a conocer un nuevo listado de sanciones, puesto que fue abierta una quinta auditoría a la administración pública.

“Cerramos la auditoría 20G, se derivaron otras responsabilidades. ¿Quiénes son? Los mismos servidores públicos que obviamente incurrieron en esas conductas que la Contraloría consideró tener los elementos suficientes para poderlos integrar y fincarles responsabilidades, que van desde suspensiones hasta inhabilitaciones”, explicó.

Rovelo Pico detalló que para garantizar el pago de multas económicas, se recurrirá a un juicio resarcitorio, una vía administrativa que permite el Código Fiscal para garantizar la reparación al daño en el erario público.

“Nos abre una posibilidad para iniciar procedimientos de carácter resarcitorios, que son a manera de juicio que se promueven ante el propio fiscal que tienen una particularidad importante: si el servidor público obligado a reparar el daño económico no está en condiciones para solventar el daño, de manera subsidiaria, los jefes inmediatos superiores tendrían que responder y, en su caso, las empresas, por la afectación económica”, explicó el contralor.

Avanzan investigaciones. En entrevista, luego de acudir a la reapertura de la Línea 12, el contralor destacó que en torno a los juicios iniciados por la vía administrativa, en la mayoría de los casos se ha determinado validez; es decir, se ha ratificado la determinación de la Contraloría General del gobierno capitalino, mientras que la nulidad es poca.

Eduardo Rovelo precisó que los casos que se han llevado por la vía penal ya han sido consignados ante el juez e, incluso, se liberaron órdenes de aprehensión, una de ellas en contra del ex director del Proyecto Metro Enrique Horcasitas.

“Hay unos asuntos que se están ventilando, que tienen diferentes etapas procesales incluso instancias, y van hasta la última vía que es el amparo o en su caso la Suprema Corte de Justicia”, comentó.

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que atrajo un amparo relacionado con la construcción y operación de la Línea 12 del Metro, para definir si son jueces federales o locales quienes deberán resolver los litigios entre el gobierno capitalino y el consorcio constructor (Ica-Carso-Alstom).

Por mayoría de votos, la Primera Sala de la Corte determinó atraer el caso, por ser de interés y trascendencia jurídica.

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