Plantea PAN que alcaldías se queden con 90% del predial

Proponen legisladores una Ley de Coordinación Fiscal y Eficiencia para la CDMX; la idea es que haya una repartición equitativa de recursos, consideran asambleísta
La iniciativa del proyecto de ley la presentaron el presidente del PAN capitalino, Mauricio Tabe, el coordinador del grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa, Jorge Romero Herra (PAN EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA)
24/03/2017
00:50
Diana Villavicencio
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La bancada del PAN en la Asamblea Legislativa presentó una iniciativa para crear la Ley de Coordinación Fiscal y Eficiencia para la Ciudad de México a través de la cual se busca que las alcaldías se queden hasta con el 90% del impuesto predial.

Los panistas Jorge Herrera, Andrés Atayde, y el dirigente capitalino de ese partido político, Mauricio Tabe, aseguraron que se trata de una legislación que sugiere un reparto equitativo y justo de los recursos públicos, reconociendo el peso específico de cada alcaldía, hoy conocidas como delegaciones.

Además esta iniciativa —que incluso fue reconocida por la perredista Elena Segura— pretende acabar con, indicaron, la discrecionalidad del Gobierno de la Ciudad al momento de repartir los recursos públicos.

Los panistas plantean que con lo recaudado del impuesto predial las alcaldías puedan reinvertir en su propia demarcación.

Sobre el Impuesto sobre Nóminas contemplan que entre un 40% o 50% se reparta para las alcaldías y el resto para el gobierno central.

Andrés Atayde, presidente de la Comisión de Hacienda del órgano legislativo local, detalló que con la Ley de Coordinación Fiscal y Eficiencia para la Ciudad de México se consolidaría un sistema que integra la recaudación, la distribución y el mejoramiento del gasto público.

Dijo que la capital del país es la única entidad federativa que no cuenta con un criterio para repartir los recursos, además de que el gobierno capitalino no tiene incentivos claros para recaudar de manera óptima y que no significa cobrar más, sino ampliar la base recaudatoria.

Romero y Atayde señalaron que la descentralización fiscal debe partir del conocimiento de que las alcaldías no contarán con atribuciones recaudatorias, por lo que su propuesta establece un método técnico de distribución de recursos, el cual tiene siete componentes como premiar o castigar a las alcaldías que hayan realizado más o menos inversión; incentivos para la reducción de la población en situación de pobreza, entre otros.

El presidente del PAN capitalino, Mauricio Tabe, aseguró que de concretarse esta legislación se terminará con el reparto “caprichoso” de los recursos, entrando a una nueva etapa donde las fórmulas, los criterios técnicos y las necesidades de la gente serán las que orienten el gasto público.

Distribución sin método. La iniciativa argumenta que, año tras año, la distribución de los recursos públicos para las todavía delegaciones carece de un método objetivo que obedezca a factores como la eficiencia en la provisión de servicios públicos, quedando su distribución sólo en negociaciones entre actores políticos que no favorecen a los mejores gobiernos sino a los de mayor influencia en cuestiones de presión pública y a los partidarios del gobierno local en turno.

Elena Segura, diputada local del PRD, mencionó que la propuesta presentada por el grupo parlamentario del PAN establece con claridad lo marcado en la Constitución local.

“Será la primera ley fiscal de la Ciudad a partir de la Carta Magna, además de que hay algunas coincidencias con la del diputado Atayde”, dijo.

Mencionó que uno de los puntos en que difiere con la del PAN son los porcentajes de distribución a cada delegación y que lo más importante será el manejo y control del superávit en donde se analizará el origen para llevar a cabo una adecuada distribución.

La asambleísta consideró prioritario examinar el origen de los recursos para realizar una distribución que sí puedan ser reasignados y no como hasta este momento en el que pareciera que todo lo que sobró se tenga que distribuir.

“No se debe olvidar que hay recursos de origen federal, de organismos públicos que por su naturaleza jurídica al tener personalidad y patrimonio propio tienen una naturaleza que no les permite redistribuirlos”, precisó la legisladora perredista.

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