Tienen difícil aduana los aspirantes a magistrados

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Por espacio de media hora, los diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México escucharon la exposición de los siete candidatos que propuso el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino.

Los asambleístas cuestionaron las aspiraciones de los funcionarios e indagaron de sus conocimientos en la nueva reforma penal.

Además, los diputados locales explicaron que el careo con los candidatos tiene como principal objetivo ver el desenvolvimiento que tienen, pues la supervisión de los aspirantes es un trabajo básico.

Sobre el descontento generado por al perfil de los que integran la lista de candidatos enviada por Mancera, descartaron que varias de las propuestas obedezcan a la llamada “cuota política” y acotaron que aunque los postule el jefe de Gobierno, no significa que ipso facto ocupen el cargo.

“Buscamos tener a los mejores y más capacitados para el cargo, pues es de vital importancia para la verdadera impartición de justicia. En caso de que los candidatos no llenen las expectativas se rechazan, se hace notifica al jefe de Gobierno y éste tendrá que enviar otros nombres y se repite el proceso”, explicó Israel Betanzos, presidente de la comisión.

La primera en exponer ante los integrantes de la comisión fue Yohana Ayala Villegas, actual directora Jurídica de la delegación Venustiano Carranza y quien en 2010, cuando era secretaria del tesorero general de la Asamblea Legislativa, se detectó que tenía un sueldo de 104 mil 294 pesos por llevar la agenda de su jefe, 28 mil 226 pesos más de lo que ganaba entonces el jefe de Gobierno, quien percibía 76 mil pesos mensuales.

Le siguió Rubén Alberto García Cuevas, funcionario de la Procuraduría General de Justicia local en 2002 y quien en octubre de ese año atropelló a tres peatones cuando condu cía ebrio e intento darse a la fuga, pero fue capturado por un familiar de las víctimas.

Miguel Ángel Meza Carrillo, otro de los aspirantes, fue contralor general del Instituto Electoral capitalino. Él es investigado por abuso de autoridad, se le acusa de ordenar a personal del organismo realizar trabajos de remodelación en su casa.

“No todos salieron bien librados; sin embargo, es muy pronto para emitir una opinión, porque se revisa todo su trabajo, cómo se han comportado en sociedad y cómo se han desempeñado. Lo que la ciudadanía debe saber es que analizaremos bien la propuesta y que estudiamos todo”, explicó José Manuel Delgadillo, asambleísta blanquiazul integrante de la comisión.

A estos le siguieron los consejeros y el oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia local, quienes a decir de los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, salieron bien librados.

Conforme indica el protocolo, se debe de tener la resolución final el próximo 24 de febrero, que será cuando se decida si los siete designados por Mancera serán magistrados o se reciben más propuestas.

Los tres primeros candidatos omitieron los cuestionamientos de la prensa sobre su historial como funcionarios. Mientras que los jueces inconformes por las designaciones, aunque acudieron como espectadores, tampoco quisieron hablar al respecto, guardando silencio a pesar de su aparente inconformidad.