Temen estallido social por aserraderos

Comuneros de Milpa Alta denuncian tala ilegal “bajo el amparo de gobierno”
En la Sierra de Chichinautzin, desde hace más de un año hay talamontes armados, denuncian habitantes de Milpa Alta. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
10/02/2017
01:02
Diana Villavicencio
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Comuneros de la delegación Milpa Alta alertaron sobre un estallido social ante la incapacidad de las autoridades para cerrar 20 aserraderos que operan de manera ilegal en la demarcación bajo el argumento de que no hay condiciones para su retiro.

Al acudir a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, responsabilizaron a las autoridades del gobierno capitalino y de la delegación a que si de hoy en adelante ocurre una desgracia será su responsabilidad y no de los habitantes de Milpa Alta.

Los comuneros Enrique Jurado y Juan Hernández pidieron auxilio ante la torpeza de las autoridades. Dijeron que se están agotando todas las instancias legales para resolver este problema de ecocidio en la Sierra de Chichinautzin.

Hace más de un año, los habitantes han denunciado la presencia de talamontes armados que intimidan a quienes se oponen a que depreden ese pulmón verde de la capital del país.

Incluso, la diputada local de Morena, María Eugenia Lozano, comentó que resulta inexplicable cómo en una zona que fue declarada Parque Nacional desde 1947 haya gente talando con el amparo de la autoridad. Esta situación, dijo, es un asunto de complicidad e impunidad. “Están jugando con fuego, haciéndose los vivos y dando atole con el dedo a la ciudadanía”.

Hace cinco meses fue interpuesta una demanda ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El subprocurador de Recursos Naturales, Ignacio Millán, se comprometió a efectuar un operativo de vigilancia para detener esta tala ilegal y cerrar los aserraderos.

El operativo, de acuerdo con los comuneros, se realizaría en coordinación con el gobierno de la Ciudad, que no ha efectuado porque el director general de gobierno local, Horacio Robles, respondió el 7 de diciembre que no había condiciones para realizarlo.

La diputada exigió explicaciones para saber qué condiciones necesita el gobierno para hacer cumplir la ley y velar por un área protegida.

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