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La presentación de una garantía económica y acudir a firmar al juzgado cada semana fueron las medidas cautelares que un juez impuso a tres de los cinco detenidos durante el conflicto que se registró el pasado 24 de enero en calles de la colonia San Francisco Culhuacán entre policías preventivos y mototaxistas, que con piedras y palos, dañaron patrullas.

Los abogados de los imputados solicitaron que su situación jurídica se determine en 144 horas.

El jueves pasado se realizó la audiencia inicial en la que la juez de Control Leticia Pliego Ruiz calificó de legal la detención de tres imputados acusados del delito de daño a la propiedad doloso en pandilla, en agravio de la Secretaría de Seguridad Pública local.

En la audiencia, el Ministerio Público relató los inicidentes ocurridos el martes 24 de enero en la que estuvieron involucradas las tres personas del sexo masculino, quienes asistidas por su defensor, solicitaron a la juez la resolución de su situación jurídica dentro de 144 horas.

Asimismo, la impartidora de justicia fijó a los imputados las medidas cautelares de presentación periódica semanal y la exhibición de una garantía económica, en billete de depósito, por 3 mil pesos cada uno.

La próxima audiencia se programó para el lunes 30 de enero, donde la juez habrá de resolver la situación jurídica de los imputados; esto es, si los vincula o no a proceso, con base en las pruebas que aporte la defensa.

Recuento de los daños. Trece policías heridos y cinco personas detenidas fue el resultado de un enfrentamiento que se registró el 24 de enero entre uniformados y mototaxistas, en la colonia San Francisco Culhuacán, delegación Coyoacán.

El martes, tres de los imputados causaron daños a unidades policiacas. A uno de estos implicados se le encontró un revólver calibre 22, por lo que los individuos como el arma, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Agencia Central de Investigación, quien inició carpeta de investigación correspondiente.

Horas después, como parte de los mismos disturbios, otros dos indiciados fueron remitidos ante el representante social por la agresión contra un grupo de policías preventivos que resguardaba la zona, a quienes atacaron con piedras y provocaron daños a dos escudos antimotines, por lo que también se les imputaron cargos.

En la investigación de estos casos, algunas de las diligencias practicadas por el agente del Ministerio Público consistieron en la intervención de agentes de la Policía de Investigación y de personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para que realizaran las primeras indagatorias.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrió una queja de oficio para identificar cuáles fueron las actuaciones que tuvo la Secretaría de Seguridad Pública local e ir deslindando responsabilidades.

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