Servicio de agua local rechaza incursión de IP

Titular de Sacmex señala que Carta Magna es una oportunidad para mejorar el esquema
13/01/2017
01:04
Gerardo Suárez
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El director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre, aseguró que la Constitución Política de la capital es una oportunidad para corregir las deficiencias del servicio mediante su transformación en un organismo descentralizado. Sostuvo que esto no equivale a una privatización del servicio.

En entrevista, el funcionario explicó que en la actualidad el Sacmex es un órgano desconcentrado y eso es “un lastre”, pues le resta capacidades para resolver problemas cotidianos.

Expuso que en casos como robo de piezas en pozos, el Sistema de Aguas no puede comprar repuestos de inmediato, sino que debe realizar trámites ante la Secretaría de Finanzas para que se autorice una partida presupuestal y eso “es meterle semanas a una solución que se requiere en pocas horas”.

Añadió que en el mundo sólo hay dos modelos para la gestión del agua: el organismo público descentralizado o las empresas privadas, y consideró que el primero es el adecuado y más empleado en la mayoría de las grandes ciudades del país como Guadalajara o Monterrey, así como en otros países de América Latina y Europa.

Los diputados de la Asamblea Constituyente discutirán una propuesta de redacción al artículo 21, inciso B, donde se propone de nueva cuenta un organismo desconcentrado para el manejo del agua en la Ciudad de México, pues se indica que el servicio de abasto de agua y saneamiento “será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público, con autonomía técnica y de gestión”.

Sobre el tema, el coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Constituyente, Bernardo Bátiz, señaló en conferencia, que recibió una propuesta de Ramón Aguirre “para que haya un organismo fuerte e independiente, [pero] nosotros sabemos que eso es un paso a la privatización”.

El titular del Sacmex aceptó que hay división de opiniones, por lo cual pidió que en última instancia sólo se redacte en la Constitución que será un “organismo público” el que gestione el agua y se deje para una ley secundaria definir si será desconcentrado o decentralizado.

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