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En menos de ocho días, la directora general de Tratamiento para Adolescentes, Elisa Lavore Fanjul, deberá remitir un informe pormenorizado a la Asamblea Legislativa sobre los hechos de violencia presentados en las comunidades para adolescentes en lo que va de este año.

Lo anterior, luego de que dos mujeres trataron de suicidarse en la Comunidad para Mujeres (CM) y donde sólo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tuvo conocimiento. En ese centro sólo se encuentran 10 jóvenes mujeres.

“Es increíble que la Asamblea Legislativa y la sociedad desconozca hechos que pudieron terminar en tragedias, como fue el caso de estas dos mujeres que trataron de suicidarse en noviembre pasado”, cuestionó la vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta.

La diputada perredista sostuvo que hay constancia de que la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando es el lugar donde se focaliza mayormente la violencia, en comparación con el resto de las comunidades, debido a que los jóvenes que ingresan tienen un perfil de bajo autocontrol y agresividad.

En lo que va del año, se tiene conocimiento de que los días 4 y 10 de mayo, así como el 12 de agosto se presentaron hechos violentos en la Comunidad de Tratamiento para Adolescentes de San Fernando. En las riñas del mes de mayo, el joven Marco Antonio Álvaro López, de 16 años de edad, perdió un ojo, refirió Peralta.

Detalló que algunos de los factores principales que potencializan la violencia, especialmente en esa comunidad, son el consumo de sustancias sicoactivas desde edades tempranas y la baja autoestima, así como una ruptura en las redes familiares y sociales de apoyo.

“Esos sucesos se dieron a conocer principalmente por los familiares de los adolescentes y no precisamente por las autoridades encargadas de la vigilancia de las comunidades”, añadió.

Comentó que en diferentes estados de la República existen centros especializados que atienden a todos aquellos adolescentes que cometen algún tipo de delito.

Recordó que en 2013 se realizó el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales y los resultados arrojaron que el país registró un total de 10 mil 583 adolescentes en tratamiento por conflictos con la ley.

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