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La campaña #NoTeCalles, en que Yakiri Rubio, Andrea Noel y Gabriela Nava señalan impunidad en las denuncias que han hecho sobre las agresiones sexuales que han sufrido, refleja la condición de la mayoría de las mujeres en la Ciudad de México, admite la fiscal especializada en delitos sexuales, Alicia Rosas, de la Procuraduría General de Justicia local.

El video publicado en redes sociales, alcanzó en menos de una semana más de 2 millones de reproducciones, además de su publicación en medios nacionales y locales. Yakiri Rubio, que en 2013 fue acusada de asesinar al hombre a quien acababa de denunciar como su violador, dice: “Terminé siendo la asesina, la amante, la prostituta y en prisión cuando sólo ejercí mi derecho a la legítima defensa”.

Otro caso es el de Andrea Noel, víctima de un sujeto identificado como Antony Echave, que a pesar de haber presentado pruebas, su presunto agresor sigue libre.

Aunado a esto, la estadística en la eficacia de las denuncias no es alentadora: según el primer diagnóstico de los últimos cinco años sobre la atención a víctimas de delitos sexuales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a nivel nacional, de cada mil denuncias de este tipo, sólo en 10 de ellas se consigna a los agresores. En la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales capitalina, actualmente se llevan mil 400 asuntos, con un promedio de 25 a 30 consignaciones mensuales.

La fiscal Alicia Rosas responde que cada caso debe ser investigado, “hay una contraparte, hay una defensa, hay una preservación de los derechos fundamentales y de los derechos humanos en todos los actores en una averiguación previa, o en una carperta de investigación. Para ir a un juez a presentar un caso, yo necesito darle una información, pero esta información debe ser de calidad, de tal forma que lo que yo le pida al juez, lo convenza de concederlo”, dice.

“Hay delitos que son graves, en que tenemos que hablar de flagrancia, de circunstancias en que efectivamente el agresor se puede dar a la fuga. Pues habrá que aplicar la ley”.

Otras denuncias, como la que presentó hace semanas una mujer a la que un hombre eyaculó en la ropa mientras viajaba en el metro, son tratadas como faltas administrativas, ya que, según al no haber un contacto físico no se puede acreditar una agresión sexual, explica la fiscal.

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