Cuando ingresé a la Facultad de Derecho de la UNAM, en 1965, ya existían las islas de CU donde se vendía marihuana. Para entonces el narco no estaba en la narrativa nacional, ni siquiera existía el Chapo Guzmán (apenas tenía 8 años). El único narco mediático a la sazón era Arturo Durazo. Siendo desde entonces un problema universitario a nadie parecía importarle. No se hablaba como ahora de una República Amorosa, pues eran los tiempos de amor y paz. No había, o al menos no se sabía, de violencia ligada al narcomenudeo.

La reciente crisis provocada por el asesinato de dos sujetos en terrenos universitarios brinda la oportunidad de revisar si el extraño esquema de extraterritorialidad universitaria debe predominar o si llegó el momento de dar un giro y de hacer prevalecer el Estado de Derecho. ¿Hasta donde llega la responsabilidad de las autoridades locales o federales en la prevención y persecución de los delitos ocurridos en espacios universitarios? ¿Qué le corresponde hacer a la autoridad académica? ¿Qué a la comunidad universitaria? ¿Qué a los padres de familia?

El rector se niega a instalar una fuerza policiaca universitaria como ocurre en universidades estadounidenses, en que policías armados y entrenados vigilan las instalaciones. En Estados Unidos los policías a pesar de su impresionante equipamiento policiaco, de su formación y capacitación técnica y de la generalizada aceptación social, no han podido erradicar la violencia en las instituciones educativas. Ahora se discute la propuesta de Trump de armar a los docentes. En esas universidades, como en otras del mundo, también se distribuye droga entre estudiantes y el consumo entre estudiantes es altísimo.

En México, el rector Enrique Graue generó con valentía un nuevo debate sobre el consumo de alcohol, tabaco, marihuana y otras drogas en el campus universitario. Entre las propuestas sobresalen dos: una formulada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otra por Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH. AMLO, en plena campaña, dice saber como resolver el problema, pero que guardará su propuesta para que no la copien sus adversarios. Conforme a su declaración no le interesa solidarizarse con su alma máter. Habría que preguntar ¿ porqué no hizo nada cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal?, en tanto era su responsabilidad.

El presidente de la CNDH, conocedor del problema no solamente por su actual responsabilidad, sino por haber fungido como abogado general de la UNAM, declaró: “La autonomía universitaria no debe ser pretexto para que las autoridades de procuración de justicia cumplan con el deber que les asiste”. Para el ómbudsman las autoridades locales (CDMX y Edomex) deben implementar acciones de inteligencia para acabar con el narcomenudeo en la UNAM.

El rector Graue se pronunció por la legalización del uso lúdico de la marihuana. En el país se logró avanzar en cuanto a la marihuana medicinal, pero nada en cuanto al uso lúdico. El PRI ha dado señales equívocas: el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, propuso la liberación del uso lúdico de la marihuana en algunas zonas turísticas, en una inusitada muestra de liberalismo. A contrapelo, el candidato del PRI al gobierno de la CDMX, Mikel Arriola, se pronunció absolutamente en contra de la marihuana. ¿Qué propondrá José Antonio Meade sobre el tema?

Es explicable que se haya avanzado poco en el debate. Tanto el presidente Peña Nieto como Manuel Mondragón, comisionado nacional contra las Adicciones (Conadic) y Mikel Arriola entonces comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se expresaron contundentemente en contra de cualquier avance en materia de regulación de la marihuana. Fue necesario que sentencias de jueces federales, y particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empujarán lo que la academia, organizaciones defensoras de derechos y la sociedad en forma mayoritaria habían planteado en múltiples foros y publicaciones.

El rector de la UNAM ha dado dos señales: “Narcos fuera de la UNAM” y legalización del uso lúdico de la marihuana. Dos pasos adelante a los que deberán seguir los que deben dar las autoridades federales y estatales. Los candidatos Anaya, Meade y López Obrador deberán pronunciarse.


Ex abogado general de la UNAM.
@ DrMarioMelgarA

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