Rostro fascista

El 16 de octubre, el procurador general Cervantes acudió a la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) para presentar una encuesta, teatro para anunciar su renuncia. Declaró: “la Procuraduría ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto… complejo esquema para corromper funcionarios”: Odebrecht. Librado Cervantes, inicia un proceso perverso, dejan a obscuro “encargado de despacho” en la Procuraduría de la República proveniente de Hacienda, Elías Beltrán, impedido por falta de cédula profesional. El viernes 20, cesa al fiscal electoral, Santiago Nieto, “por violentar… investigaciones”. Facultado para removerlo “libremente”, no para violar la Constitución, sin “fundar, motivar y negar derecho de audiencia al investigador de Odebrecht y numerosos delitos electorales. El Senado, obligado constitucionalmente a “objetar”, a investigar la remoción, control entre Poderes, conoce la maniobra del PRI-Verde, asociados al presidente de la Mesa, para despachar el asunto en un día a través de preguntas fast-track. Ante la truculencia, el lunes 23, PT-Morena, PAN y PRD propusimos: comparecencias del “encargado de despacho” y del fiscal Nieto en la Comisión de Justicia del Senado, análisis de documentación, sistematización, “juicio de valoración sobre la remoción” y remisión al Pleno del Senado para votación abierta, transparente. El 24, en la Jucopo, el PRI-Verde, mediante “voto ponderado” (artificiosa mayoría de 0.78%) imponen propuesta de Cordero: comparecencias ante el Pleno con maratón de preguntas “a modo” y votación “secreta”. Proyecto absurdo, rechazado, incapaz de sistematizar nada y voto “secreto” para ocultar conocida corrupción de compra de votos de senadores. El presidente Cordero somete a consideración del Pleno este tramposo fast-track, una mayoría de senadores toman pacíficamente la tribuna, categóricos para impedir esta simulación de la facultad constitucional.

Pese a la oposición eficiente frente al fast-track y al apoyo mayoritario del Senado y de la opinión pública, abruptamente, el viernes 27 Nieto envió carta al Senado “retirando su objeción a la remoción”, argumentado “no existir condiciones… para desarrollar sus funciones indagatorias”. Carta forzada por graves amenazas públicas y privadas: cárcel, destrucción de “personalidad”, amedrentamiento físico de madrugada. PRI-Verde arguyen “que ya no hay materia”, desconociendo el principio de control constitucional que exige, como planteamos en oficio a la Jucupo del lunes 30: “no se trata de intereses privados, de Derecho privado, sino de un mecanismo de control parlamentario de Derecho público… el Senado debe constatar y verificar la constitucionalidad y legalidad de la destitución”. Debate del Pleno que consume la sesión; sesión de la Jucopo donde PRI-Verde, falsamente aceptan que sea en Comisión, insistiendo en el “voto secreto”.

El martes 31, PT-Morena, ante indicios de cambio de posición de PAN y PRD que posteriormente niegan, en conferencia de prensa exige desahogar el proceso en la Comisión de Justicia y voto público en el Pleno para analizar la remoción inconstitucional, antes del vencimiento del plazo, el viernes 3. Paralelamente, la presidenta de la Jucopo anuncia acuerdo con PAN y PRD para emitir convocatoria para elegir un nuevo fiscal, carpetazo a espaldas de PT-Morena; el presidente Cordero, en acuerdo con el PRI, cierra la sesión del Senado, convocando para después de vencido el plazo del proceso de objeción, impidiendo que el Senado cumpla con su obligación constitucional, dejando la destitución sin el aval senatorial.

El gobierno de Peña rompe el Estado de Derecho, el control constitucional: nombra “procurador” sin nombre, inhabilitado para una remoción inconstitucional; “mayorías ponderadas”, artificiales; amedrentamientos para eliminar al fiscal que investiga la corrupción de Odebrecht; todo el peso del gobierno y su partido en el Senado para proteger a Lozoya, a Peña, finalmente. Aparece el rostro horripilante del fascismo.

Senador de la República