Magistrados indignos

El Tribunal Electoral Federal aprobó, cuatro contra tres, imponer al Bronco como candidato presidencial, produciendo repudio generalizado. El INE había concluido que el Bronco presentó firmas fraudulentas, documentos inválidos, fotocopias, credenciales duplicadas, falsificadas, invalidando más de 800 mil firmas de las 2 millones presentadas… delincuencia electoral. Ni con su garantía de audiencia para revisar firmas, el Bronco alcanzó el mínimo requerido para ser candidato. El Tribunal revocó el acuerdo del INE, argumentado que se transgredió el derecho de audiencia y, en términos sibilinos, ordenó registrar al Bronco. En respuesta, el consejero del INE, Murayama, manifestó que acatarían la resolución pero reviró: “sí tuvo garantía de audiencia… en 12 ocasiones el equipo del Bronco acudió a revisar sus firmas entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero, en marzo un nuevo espacio”; enumeró las irregularidades insubsanables: nombres repetidos, inexistentes, muertos, imposibilitando los más de 16 mil que faltaban. Ante el alud de críticas, el Tribunal dio conferencia, justificándose los que votaron a favor: Aralí Soto, Indalfer Infante, Felipe Fuentes y José Vargas, acompañados por la presidenta Otarola y uno que votó en contra (Felipe de la Mata), legitimando implícitamente la sentencia favorable al Bronco.

Este Tribunal nació de un proceso espurio en el Senado de la República, como señalamos (EL UNIVERSAL, noviembre 3 de 2016): la Suprema Corte propuso al Senado tres ternas con veintiún candidatos, la Comisión de Justicia declaró a todos “elegibles”, remitió el expediente a la Junta de Coordinación Política, la que —sin sesionar ni fundamentar— seleccionó siete para validación del Pleno mediante voto secreto: 63 votos de PRI, PAN, PRD y Verde a favor contra 10 panistas, 2 perredistas y 5 petistas en contra. Los elegidos protestaron el mismo día, 20 de octubre de 2016. Antes de una semana, los coordinadores del PRI, PAN y PRD acordaron ampliar los periodos de cuatro de los magistrados, reformando un Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial que especificaba la temporalidad de los nombramientos y que había dejado de existir cuando tomaron protesta. La Comisión de Justicia, sin sesionar, remitió al Pleno nuevo “dictamen”, ilegal, que nadie conocía. Proceso manipulado con “actas” de sesiones inexistentes, con firmas equivocadas tachadas. El transitorio reformado cambió el periodo de dos magistrados, de tres a siete años y de otros dos, de seis a ocho años: regalo comprometedor, indefendible. Los siete magistrados, inconstitucionalmente, volvieron a tomar “protesta”, estando ya integrados como Sala, el 4 de noviembre de 2016. La ampliación de los mandatos es inconstitucional: los artículos transitorios no son reformables, el transitorio estaba extinto por haberse aplicado en los primeros nombramientos, además es norma privativa dirigida a un caso particular, violando el artículo 13 constitucional y el principio de certeza jurídica. La ampliación de los nombramientos favoreció a tres de los cuatro magistrados que votaron en favor del Bronco, la cuarta votante vinculada públicamente al PRI. En la elección del Tribunal, PRI, PAN y PRD se repartieron las posiciones; cinco, que hacen mayoría, durarán hasta el 2024, si no hay una destitución que habrá que demandar, por su ilegalidad de origen, aunque por vergüenza imborrable deberían renunciar.

La espuria decisión del Tribunal fue ordenada por el Poder presidencial, aterrado por su inminente derrota, al grado de deslegitimar al Tribunal. Todas las encuestas confirman la ventaja de Andrés Manuel López Obrador, de más de diez millones de votos de ciudadanos de todas las edades, sectores y regiones del país, que lo consideran la única opción de la regeneración nacional anhelada; oleada ciudadana que no podrán detener ni magistrados espurios, consejeros comprometidos, empresarios “encopetados”, publicistas fabricantes de mentiras, comentaristas alineados: el Pueblo mandará.

Senador de la República