Sacudimientos e irresponsabilidades

Concurso de insensateces. Cumplidas dos semanas de los sacudimientos de la Tierra, con su saldo de muerte y destrucción, algunos actores públicos parecen empeñados en alentar réplicas en la arena política, capaces de precipitar a su vez saldos altamente destructivos de la convivencia democrática y de sus instituciones edificadas en más de un cuarto de siglo. Con la vista fija sólo en la ventaja electoral, esto es, sin importar los efectos desastrosos en la estabilidad del proceso de renovación de poderes del próximo año, algunos partidos parecerían participar en un concurso de insensateces con el pretexto de la búsqueda de financiamiento para la reconstrucción de lo derribado o dañado por los sismos.

El menú de irresponsabilidades incluye diversas propuestas de recortes presupuestales, a cual más de impensada, entre ellas, la exigencia de suspender la construcción del aeropuerto. Nada importa aquí prolongar por más décadas la ya grave falta de competitividad del país a que nos ata nuestra actual, mega rezagada, terminal aérea. Lo importante es propinarle un quebranto al gobierno en funciones y por tanto a su partido. Sobresalen en esta cadena de disparates las más extravagantes fórmulas para encauzar a los damnificados el dinero público con el que los contribuyentes financiamos la carrera de dueños de partidos o de quienes se disputan los caudales que les aporta la hacienda pública.

Con todo, lo peligroso no está tanto en la intemperancia de propuestas de ley o de reformas constitucionales, porque éstas suelen temperarse o frenarse en la pista parlamentaria. El problema mayor está en las vías de hecho, como la anunciada por el candidato presidencial de facto de Morena. Advertido de que violaría la ley, que prescribe incluso la cancelación del registro del partido que destine recursos públicos a fines distintos de los establecidos en la Constitución, AMLO se dice dispuesto a seguir adelante y convertir parte del financiamiento público a su partido en un fondo para repartirlo a los damnificados, hasta donde alcance, una estrategia que se parece mucho a la compra de votos, penada también por la legislación electoral.

Nacional populismo. Aparte de que una conducta de campaña así perfila el tipo de gobierno que ejercería de ganar la elección —actos arbitrarios al margen de las normas y clientelismo político en nombre de la justicia y la honestidad— el descalabro podría llegar antes de esa contingencia. Un escenario extremo, pero no improbable, a la vuelta de la esquina, de acuerdo al patrón de conducta del personaje, sería que López Obrador cumpliera su proyecto (‘inconstitucional’, en los términos del jurista mexicano Diego Valadés) de desviar recursos públicos de su objeto para sustentar una estrategia clientelar de reparto directo de fondos a los votantes.

Esto le abriría dos opciones —igualmente críticas— a la autoridad electoral. La primera, cumplir la ley y sancionar al infractor, incluyendo la cancelación del registro del partido y la inhabilitación del candidato de facto. En este caso, para nadie sería difícil imaginar una probable respuesta de López Obrador: desconocer a la autoridad electoral y tratar de doblegarla a base de marchas, bloqueos y campamentos como los que padeció la capital en 2006. AMLO continuaría así su campaña para luego declararse vencedor, a la manera de la ‘ruptura nacional populista’, como ha llamado el historiador español Santos Juliá el referéndum sin sustento legal de los independentistas catalanes.

México bronco, España rota. Para evitar lo anterior, la segunda opción crítica de la autoridad sería voltearse a otro lado o incluso cohonestar el desvío de recursos públicos. Sólo que esto sería el mejor incentivo para los competidores de ignorar también normas y autoridades, con lo cual el despertar del México Bronco contra el que alertó Reyes Heroles podría hacer ver a la España rota por el nacional populismo como una Arcadia paradisiaca rebosante de paz y tranquilidad.

Director general del FCE