Consulta aeroportuaria y responsabilidad de gobierno

Siempre he estado a favor de que se incorporen instrumentos de democracia directa y participativa, como la iniciativa ciudadana, consulta popular, referendo y revocación de mandato. Pero no para todos los temas, pues algunos no son adecuados (en materia de derechos humanos, materia fiscal o temas altamente especializados). Y justo el asunto del Nuevo Aeropuerto Internacional es un tema técnico que debiera decidir el nuevo gobierno a partir de su información y reportes de expertos. Es cierto que si bien la mayoría de encuestas refleja que la ciudadanía opina mayoritariamente que es en Texcoco donde debe radicar el nuevo aeropuerto, eso no necesariamente ocurriría en la consulta pública . Y es que la dinámica de las consultas parciales suele ser distinta al de elecciones generales. Así ocurrió ya con el segundo piso en el D.F. La mayoría según encuestas estaba en contra, pero en la consulta fue aprobado (como nos recuerda Alejandro Moreno en El Financiero).

Que un ciudadano responda una encuesta sobre cuál es su parecer no implica que irá a las casillas a votar . Es altamente probable que quienes asistan a las urnas tengan un sesgo político. Si la posición del nuevo gobierno se define claramente a favor de Santa Lucía, muchos de sus seguidores querrán darle el apoyo por razones políticas, más allá de que comprendan o no los aspectos técnicos de cada opción en juego. Y eso puede derivarse también del apoyo incondicional, casi religioso, que buena parte de los seguidores a AMLO le brindan; si él dice que Santa Lucía es lo que conviene, le creerán a pie juntillas y por ende irían con absoluta fe a respaldar esa opción. Tomando en cuenta que 53% del electorado votó por López Obrador, y que otro segmento le ha dado su respaldo al presidente electo, quienes no lo apoyan son ahora un segmento minoritario. Y es probable que quienes lo siguen tengan mayor motivación de ir a las urnas que quienes no de él desconfían.

Más aún, entre quienes desconfían o recelan de AMLO existe también la idea de que la consulta en sí misma es más bien un acto demagógico e ilegal, y que podría ser manipulado. Consideran que es el gobierno quien debe tomar la decisión a partir de su propia información, reportes de sus expertos y consultas con otras organizaciones, en función de lo que consideren mejor para el país. Quienes así piensan, más difícilmente irán a la consulta, primero por no considerarse (con honestidad) capacitados para tomar esa decisión, y segundo porque asistir a las urnas sería como hacerle el juego a un ejercicio que consideran demagógico e ilegal (meta-constitucional). En contraste, los creyentes en AMLO consideran más fácilmente que sí procede la consulta , y que ellos están debidamente capacitados para tomar esa decisión (y las que sean). Pero se dice también que además de la consulta, habrá una encuesta “casa por casa”, aunque no se sabe el tamaño de la muestra y si el universo sería distinto al los 538 municipios en que se realizará la consulta. Todo un desordenado e improvisado galimatías. Y si AMLO decidiera enviar mensajes a favor de Texcoco por así convenirle (hasta ahora ha hecho lo contario), entonces el resultado de la consulta sí podría coincidir con el de las actuales encuestas.

Como sea, si de verdad el equipo de AMLO y él mismo consideran que Texcoco es de verdad un desastre , entonces no deberían someterlo a la ciudadanía, por esencial responsabilidad. ¿Qué tal que el pueblo se decidiera por Texcoco, y por tanto se aceptase esa opción? ¿Y si en verdad esa alternativa fuera desastrosa (como sostiene el gobierno electo)? Eso no sería democracia; sería un acto de enorme irresponsabilidad gubernamental. Los gobiernos responsables no son los que toman las decisiones más populares, sino los que determinan lo más racional para el beneficio público, aunque la opinión pública apuntase en sentido contrario.