Pluralidad sísmica

Los pasados 7 y 19 de septiembre sorprendieron a los mexicanos dos fuertes sismos que afectaron a miles de personas. Durante estas expresiones de la naturaleza se perdieron vidas, viviendas, centros de trabajo y el patrimonio de miles de familias. Desafortunadamente, el reto más grande está por venir en la etapa de reconstrucción, que llevará meses y años para que encontremos un estado de normalidad que les dé certeza a todos los que hoy enfrentan una desgracia como consecuencia de estos temblores.

Es el caso que, después de la extraordinaria muestra de solidaridad por parte de la sociedad civil, la que además nos dio un ejemplo de honor, compromiso, lealtad, trabajo, desinterés y dignidad, surgió la molestia de diversos grupos sociales, al ver que los partidos políticos se negaron a contribuir a esta causa, como lo hicieron diversos grupos de la sociedad que donaron parte de sus activos e ingresos para la reparación de inmuebles dañados y el levantamiento de construcciones que se perdieron por completo. Incluso las personas más humildes cooperaron con absoluta convicción, ofreciendo en trueque sus artesanías para aportar a la noble causa en la que la gran mayoría de los mexicanos participó.

De esta manera, Morena, astutamente, tomó la iniciativa y propuso “donar” 20% de los recursos públicos que le fueran asignados en 2018. Le siguió el PRI con 25%. Poco después, Morena subió su oferta a 50%; y finalmente el Frente Ciudadano por México ofreció 100% del financiamiento público que obtuvieran durante 2018 los partidos que lo conforman. Jamás se había visto tanta generosidad por parte de los partidos políticos.

Ante tanta oferta y benevolencia, fuimos testigos de un pluralismo sísmico; pluralismo que incluso en el desastre hace imposible que los partidos políticos se pongan de acuerdo, aun tratándose de temas de emergencia y gran adversidad nacional.

Independientemente del porcentaje, existen tres propuestas para que los partidos entreguen sus recursos. Creo que las tres son jurídicamente atendibles. Sin embargo, se debe anticipar que una reforma al marco Constitucional y legal tardaría más tiempo y no alcanzaría a resolver en lo inmediato la necesidad de recursos que tienen múltiples familias que viven con los saldos de los dos temblores recientes.

Llama la atención que los partidos políticos quieran aportar 100% de su financiamiento público. Por supuesto, no estamos en contra de que lo hagan, porque además con ello las campañas electorales se centrarían en la palabra y en propuestas sustantivas, más que en propaganda. Sin embargo, la propia Constitución prohíbe que las reglas electorales sean modificadas una vez iniciado el proceso electoral, por lo que esta propuesta sería aplicable hasta las elecciones de 2021; demasiado tarde para la coyuntura que actualmente se presenta. A menos que se eliminé también esta prohibición constitucional, para lo cual evidentemente no se cuenta con los consensos ni las mayorías necesarias.

Por otra parte, si bien existe un fuerte descontento social por los exorbitantes montos de dinero que se destinan a partidos políticos, autorizar que estos se financien únicamente con dinero privado sería permitir que grupos fácticos con diferentes intereses tengan una fuerte incidencia en los resultados de las elecciones, desvalorizando y desnaturalizando la política, con los perjuicios para la democracia que ello conlleva.

Por ello, a pesar de la aparente bondad de la propuesta, no se puede ignorar el trasfondo populista que la motiva. Lamentablemente, se trata de una subasta política para ver “quién da más”, lucrando indebidamente con el dolor y la solidaridad de las personas. Todo sea por los votos.

No obstante lo anterior, se presenta una ventana de oportunidad para que de aquí en adelante la democracia pueda disminuir su costo y sea menos onerosa y, con ello, se generen presupuestos más racionales para atender los grandes problemas de la Nación. Claro está que quienes deciden al final del día, son los representantes populares que también representan a los partidos políticos.

Académico por la UNAM