La quita del fuero: populismo constitucional

En principio, nadie debería de estar en contra para hacer valer el concepto liberal de igualdad jurídica. Esto es, que todos somos iguales ante la ley en donde todo ciudadano tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones para su cumplimiento.

No obstante, hay algunas excepciones a esta disposición y creo que están plenamente justificadas, para proteger los equilibrios de certeza y seguridad jurídica que ofrece todo arreglo constitucional medianamente racional.

Por ejemplo, únicamente los ciudadanos que tenemos más de 18 años y un modo honesto de vivir, según dice la Constitución, podremos ejercer nuestro derecho al voto, siempre y cuando estemos inscritos en el registro nacional de electores y contemos con nuestra credencial del INE. Y ¿Porque no pueden votar los jóvenes menores de 18 años? digamos las personas que estén en los rangos de los 16 a los 17 años. Porque se presupone que a cierta edad aún no se tiene cierta preparación, educación, formación y conciencia para que se ejerza con más libertad y responsabilidad este derecho ciudadano. Es el caso en donde no aplican por igual los derechos. Incluso algunos autores dicen que en realidad este derecho político es una prerrogativa, de la que goza toda persona que cruza el umbral de la mayoría de edad.

Hay otros ejemplos en donde no hay total igualdad frente a le ley. Y por buenas razones. Éste es el caso del fuero constitucional, en donde determinadas autoridades no son imputables en lo inmediato para no ser detenidas por haber cometido presumiblemente algún delito, sin previa autorización del Congreso.

Es una protección que todavía reconoce la Constitución para 683 funcionarios que son parte de los poderes públicos, para que supuestamente cumplan con sus funciones con independencia, para evitar posibles persecuciones judiciales que atenten contra su libertad de conciencia en el ejercicio de su trabajo.

En otras palabras, es un escudo de inmunidad, no de impunidad, para cumplir de la mejor manera su trabajo institucional. Es el caso que, en días recientes con amplio júbilo, los diputados federales aprobaron por unanimidad de sus miembros presentes, una reforma a la Constitución para quitar el fuero constitucional a todo servidor público, bajo el argumento de la igualdad que todos debemos de tener frente a la ley. Chistosa la manera en cómo interpretan la igualdad entre gobernantes y gobernados. Pero muy absurda y torpe la manera de justificar la eliminación de una figura importante para crear equilibrio y salvaguardas entre los poderes públicos.

En caso de que el Senado concrete esta reforma, o bien que el Presidente no la observe mediante un veto, estaremos frente a otro desacierto más de la larga lista de errores fatales que tiene nuestra Constitución, para establecer malas reglas de gobierno, que obviamente darán como resultado malos gobiernos, como se ha visto en múltiples ocasiones.

Es preocupante porque no entienden que las Constituciones son instrumentos de gobierno que funcionan por incentivos, para bien o para mal. En este caso, el próximo gobierno desde el presidente hasta el funcionario más modesto, serán sujetos de múltiples demandas penales, como medio de presión y de chantaje, hayan o no cometido delitos. La política se traslada a la barandilla de los juicios orales, como un mecanismo de presión en favor de los partidos opositores al gobierno en turno. Me pregunto, ¿a quien en su sano juicio le conviene?

Obviamente debe ser enjuiciado todo gobernante que abuse del poder en cualquier forma que la ley lo señale, pero al menos deben de saber cómo hacerlo. Ahora más que nunca se necesita de una fiscalía general autónoma, para que garantice imparcialidad y de paso gobernabilidad.

Sea por oportunismo o populismo, la quita del fuero tal como quedó redactado, no va a solucionar nuestros problemas de impunidad ni de corrupción, únicamente va agravar los problemas de gobernabilidad y disfuncionalidad que se avecinan después de las elecciones. Lamentable.

Académico por la UNAM.
@Jorge_IslasLo