Reforma política antidemocrática, inadmisible

Morena presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma política francamente retardataria y atentatoria contra la democracia, con la que busca desaparecer los órganos electorales autónomos, reducir hasta casi desaparecer la pluralidad política, legalizar las consultas populares a modo del presidente y pretender que AMLO aparezca en las boletas electorales en el 2021 bajo la figura de revocación del mandato.

Con el argumento de la “austeridad republicana”, se quiere quitar al INE su carácter permanente, profesional e imparcial, cambiar en su totalidad a los integrantes del mismo, desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) y que la Cámara de Diputados (controlada por el partido del gobierno), designe a los integrantes de dichos órganos.

Permitir que eso suceda significaría regresar a la década de los años 70 cuando el PRI en el gobierno controlaba los órganos electorales. Es doloso el argumento de que estos organismos son muy costosos y que la austeridad debe ser el criterio fundamental para determinar su tamaño, composición y funcionamiento.

Con el mismo argumento se plantea reducir de 200 a 100 los diputados de representación proporcional, olvidando que bajo esa figura la izquierda democrática llegó a San Lázaro desde 1979 para hacer oír sus propuestas de transformación democrática, haciendo un aporte evidente al desarrollo de nuestras instituciones.

Uno de esos diputados plurinominales fue Pablo Gómez, quien ahora propone lo contrario. La representación proporcional ha hecho posible que la pluralidad política esté representada ampliamente en el poder legislativo con sus planteamientos, componente fundamental de la estabilidad política y social del país.

Otra propuesta de Morena es que haya consultas populares sobre los temas que proponga el presidente, cada vez que lo considere importante, lo cual pervierte el principio fundamental de la democracia directa y participativa para que la sociedad haga oír su voz y decida con absoluta libertad. Aprobar eso, sería legalizar “consultas” como la del aeropuerto en Texcoco, la termoeléctrica de Morelos y otras más que López Obrador sigue haciendo a mano alzada en las plazas públicas en eventos organizados por él mismo. Esas decisiones no fortalecen la democracia, sino que terminan siendo instrumentos de gobiernos dictatoriales.

En ese mismo sentido, plantear la revocación de mandato el día de las elecciones (2021) distorsiona el principio básico de que son las oposiciones las que, en todo caso, solicitan que se aplique esa figura de revocación de mandato para que la gente decida en las urnas si el mandatario continúa o no, pero de ninguna manera es a solicitud del gobernante en turno. Además, ello introduciría un factor de inequidad en las elecciones por el hecho de que el Presidente de la República haría campaña con recursos públicos en favor de su partido. Y peligrosamente abre el camino para la reelección.

Por último, está la propuesta de reducir el financiamiento público a los partidos políticos en un 50%, con lo cual los opositores se verían materialmente debilitados para realizar sus actividades cotidianas y para realizar campañas competitivas, quedando expuestos a que dinero ilegal entre a las contiendas. Morena sería el único partido que incrementaría sus ingresos públicos. Volveríamos así a los escenarios de canchas políticas disparejas en favor del partido gobernante, como en los tiempos del viejo PRI.

Es indispensable que las reglas de acceso al poder en una democracia tengan el máximo consenso entre todas las fuerzas fundamentales del país y no sean resultado de la imposición del partido gobernante sobre sus opositores. De lo contrario, estaríamos ante tentaciones (o convicciones) autoritarias y dictatoriales.

Es deber urgente de todos, mujeres y hombres libres, militantes de partidos o sin partido, evitar que ello suceda.

Exdiputado federal