Militarización con velo seudodemocrático

El objetivo principal de López Obrador es figurar en la historia nacional como el presidente que acabó con los privilegios del viejo régimen, contando con un amplio apoyo popular y respaldado por fuerzas militares incondicionales para usarlas cuando sea necesario “para beneficio y en defensa del pueblo”.
 
Lograr ese propósito así sea pasando por encima de las leyes, las instituciones y la Constitución o, en todo caso, modificarlas a conveniencia para sacarlo adelante.
 
Y, de ser necesario, convocar a un nuevo Congreso Constituyente que apruebe una nueva constitución que no prohíba la reelección.
 
Por eso, la discusión en el Senado de la República sobre la Guardia Nacional con el método de Parlamento Abierto resulta una simulación, ya que AMLO avanza aceleradamente en la ruta de darle mayor participación y peso al ejército en tareas de carácter civil.
 
Sí bien la práctica de Parlamento Abierto no tiene un efecto vinculatorio sí obliga a asumir una suerte de suspensión temporal en las decisiones sobre la materia a debatey debiera ser un elemental compromiso moral para no engañar a quienes se ofrece escuchar. Pero los hechos hablan de una actuación inmoral del presidente.
 
Si el gobierno dice que ya no hay guerra contra el narco, que ¡”no es su deber detener capos”!, que habrá amnistía para los corruptos de sexenios anteriores y que la solución a nuestros males nacionales es que todos seamos buenas personas, entonces ¿para qué quiere una guardia nacional integrada, capacitada y dirigida por militares?
 
Ya una gran cantidad de prestigiados especialistas y organizaciones conocedoras de los temas de seguridad y defensa de derechos humanos han advertido sobre los peligrosísimos riesgos de meter a los militares en labores de seguridad pública, propias de las autoridades civiles, porque sería establecer un régimen autoritario con un camino sin retorno, a costa de libertades y derechos democráticos.
 
Por eso AMLO entretiene a la poblacióncon cortinas de humo como el supuesto combate al “huachicoleo” (sin ningún detenido hasta la fecha), la denuncia sobre actos de corrupción sin presentar pruebas, la destrucción de símbolos del poder como abrir Los Pinos, viajar en aviones comerciales o por carreteras, o “no tener guardias de seguridad” (aunque lo cuiden centenares vestidos de civiles).
 
Dice que es inmoral retener salarios de trabajadores, aunque el  gobierno tiene a miles sin contrato y sin ingresos desde diciembre, amén de decenas de miles de despedidos sin indemnizaciones.
 
Agreguemos las negativas consecuencias en la  niñez por el recorte presupuestal a las estancias infantiles y su estúpida propuesta de que el dinero lo administren los padres de familia y que a los niños los cuiden los abuelos, así como los nocivos y criminales efectos por la falta de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales del sector púbico.
 
Todo para construir una red de apoyos económicos directos a millones de personas (ninis, jóvenes, adultos mayores, madres de familia), con fines de control corporativo-electoral, argumentando que sólo así se dará un golpe definitivo al viejo régimen.
 
Pero como advierte del riesgo de que crezca el descontento social por estas decisiones y las oposiciones se organicen, y empiecen a levantarse en un frente común que frene sus pretensiones, hay que estar prevenidos para enfrentarlos no solo con el discurso descalificador desde el gobierno en sus conferencias mañaneras, sino también con la fuerza del Estado, esgrimiendo “razones de Estado”, contra “los conservadores” y “los enemigos del pueblo”.
 
Por eso y para eso quiere crear su propio cuerpo especial, leal, sin los militares tradicionales en los que no confía.
 
No permitir que eso se apruebe es la responsabilidad histórica que hoy tienen en sus manos los senadores de oposición. Es en defensa de la República y de las libertades democráticas.

Ex diputado federal