Eliminar la desaparición forzada

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por acción del los agentes del Estado, por personas o grupos que actúan en su consigna o en su apoyo, con el fin de sustraer a las personas de la protección de la ley, es un delito grave y de lesa humanidad que nos ofende como sociedad, nos aleja del Estado de derecho y suma al estado de impunidad con que se vive en México.

Son cientos los lamentables casos que se conocen de personas desaparecidas, tal vez el más doloroso el de los 43 jóvenes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acontecimiento que enluto el alma nacional. De igual forma indigna la existencia de fosas clandestinas promovidas por el gobierno mismo, tal como ocurrió en Tetelcingo y Jojutla, Morelos, de cuya existencia nunca hubiéramos sabido si no es gracias al trabajo comprometido y decidido de la sociedad.

Ambos acontecimientos han marcado la ruta exigida por la sociedad para contar con una legislación que sirva para combatir severamente este delito, y generar políticas públicas que permitan la localización de las personas desaparecidas.

La LXIII Legislatura no quedará en deuda con la sociedad y con las familias de los desaparecidos; durante el desarrollo de la última sesión votamos a favor la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que contemplará también reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud.

La nueva ley en comento incluye instancias de prevención y de protección de los derechos humanos, tales como la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, hoy a cargo de una Dirección de la Segob que reporta más de 20 personas registradas en esa condición; La Comisión Nacional de Búsqueda y el Consejo Ciudadano donde podrán participar personas de la sociedad que han dedicado su vida a esta lucha.

Otra característica jurídica en esta nueva legislación, es que el delito de desaparición forzada de personas y el de desaparición cometida por particulares, serán perseguidos de oficio y tendrán el carácter de permanentes o continuos, para evitar que el clásico carpetazo agregue más impunidad en el tema.

Vamos en esta Legislatura con paso firme en esta línea, porque en un país como el nuestro, que presume en su Constitución de ser democrático, este tipo de acciones no tienen cabida; porque un Estado promotor de la legalidad debe ser el primero en respetar la ley; y porque es una obligación de los Legisladores de México promover las instancias que den tranquilidad, paz y justicia para todos en condiciones de igualdad.

Se trata pues de una legislación nueva y humanista, que puede traer consuelo a las familias de los desaparecidos; justicia para que se castigue con severidad y se inhiba la comisión del delito; solidaridad entre una sociedad que anhela crecer y prosperar como personas civilizadas, con la esperanza de que en México podemos tener autoridades justas que se conduzcan en el marco del derecho y que tengan herramientas para obligar a que nadie este por encima de la Ley.

Vicepresidente de la Cámara de Diputados