Sociedad herida

Expertos internacionales han señalado que el contacto frecuente de las sociedades humanas con la violencia termina, en su etapa más cruda, más crítica, por convertirse en parte de su cotidianidad: la violencia es normal, su repetición, terca constancia e incremento son ineludibles, con ella hay que vivir. Tales expertos equiparan este fenómeno al de aquellas personas que, por algún padecimiento, viven todos los días con alguna clase de dolor. El dolor debería ser algo excepcional, pero cuando está ahí como compañero de todos los días, éste se asimila como una constante de la vida, perdiendo su sentido de excepcional. Lo excepcional, el dolor y, en su caso, la violencia, de todos los días, se vuelve en parte de la existencia diaria. Los expertos insisten que ésta es la peor etapa del proceso violencia-sociedad porque bastan pequeños paliativos, aquellas medidas que nunca resuelven el problema de fondo, pero que nos liberan unos días, unas horas, de la postración para hacer una pausa y gozar de un efímero respiro: todo podría ser peor. Y si lo peor llega, la conclusión es simple, ni modo, las cosas aquí, en México, son así: robos, secuestros, jóvenes disueltos en ácido, más de 70 presidentes municipales asesinados, candidatos torturados y muertos, periodistas sacrificados… En suma, nuestra “cotidianidad”.

Todo indica que México se encuentra, tristemente, en ese estado último de la fórmula violencia-sociedad-normalidad. Y ello es así porque no podría explicarse de otro modo que el extraordinario informe preparado por el Institute for Economic & Peace, titulado Índice de Paz México 2018, cuyas conclusiones son escalofriantes, haya pasado, literalmente, en nuestro país, de noche. Para muestra, los siguientes datos:

El impacto económico de la violencia en México asciende a 4.71 billones de pesos, que equivalen a casi dos mil dólares por persona, si contamos una población de 120 millones. Esta cifra equivale a cantidades tan grandes que es 8 veces mayor al presupuesto en materia de Salud y 7 veces mayor al presupuestos en materia educativa. Tan sólo en este 2017 la violencia le costó la vida a 25 mil personas, que se suman a las más de 200 mil desde el año 2006.

Evidentemente, el informe referido, dada la naturaleza de su trabajo, intenta dejar en claro, justo como sucede con la salud, que no invertir en prevención del delito y en desarrollo, termina costándonos mucho más. El diagnóstico es tan simple como aterrador: México está mortalmente enfermo de violencia y las aspirinas del 1% que se invierten para mitigar el dolor, no harán sino volverlo peor y, ahora sí, decididamente mortal.

La otra cara de la moneda, junto con la económica, es el déficit de justicia y el nivel de frustración con el que viven la mayoría de los mexicanos. El miedo sistemático a la violencia, el aprender a vivir con angustia, han modificado nuestro ADN. Generaciones de mexicanos, antes formadas por niños y niñas que se podían apropiar de sus colonias, que podían transitar libremente, han terminado. En efecto, progenitores que, en muchos casos, han dejado de vivir sus vidas para vivir la de sus hijos: ir por ellos a la escuela, cómo en sano juicio dejarlos volver solos; recogerlos después de las fiestas del fin de semana o el concierto; multiplicar los celulares y los choferes cuando el presupuesto alcanza, y así hasta el infinito. Esclavos, pues, de la violencia.

El imaginar el infierno que pasan todas las víctimas nos daña psicológicamente a todos ¿Quien sale bien librado después de conocer los testimonios de las torturas y asesinatos? El estrés postraumático que se refleja en ataques depresivos, ansiedad y similares, son ya cosa de todos los días en la sociedad mexicana.

No se han visto propuestas concretas de los candidatos, el lenguaje que se está usando en las campañas es contrario al deseo de paz, mientras que uno propone mutilaciones, otro pretende llamar a la cordura a los delincuentes, tildando de mafiosos a los que no comparten su visión.

Los candidatos deben cesar en su incitación a la violencia, el que triunfe tendrá la responsabilidad de sanar a esta sociedad herida.

Notario público, ex procurador general de la República