Carta navideña a AMLO

A 12 días de la nueva presidencia, y por la oportunidad de las fechas decembrinas, me atrevo a pedirle al Jefe del Ejecutivo los cinco puntos en los que podría obsequiarnos un poco más de claridad para quienes, como ciudadanos atentos de la cosa pública queremos entenderlo más y mejor y no menos cada vez. Va mi lista:

1. Me cuesta trabajo tratar de interpretar sus intenciones como político. Coincido y estuve de acuerdo con usted cuando una y otra vez ha señalado, que la corrupción es uno de los problemas centrales y asimismo la violencia e impunidad que arrastran al ambiente social. Pero ¿cómo entender que, al referirse a la resolución del Poder Judicial Electoral sobre las elecciones de Puebla deje entrever que la sentencia del TRIFE proviene del antiguo régimen? ¿Por qué sin facultades anuncia un perdón a corruptos del pasado?

2. ¿Cuál es el caso en promover una marcha de protesta contra la Suprema Corte de Justicia por la defensa de la Constitución? La Ley de Remuneraciones es claramente inconstitucional pues va contra el artículo 75 que prohíbe alterar los emolumentos de los servidores públicos durante el ejercicio fiscal en que se hayan aprobado. Algunos morenistas, utilizan discursos incendiarios, divisionistas y ofensivos al poder judicial y ésto no conviene a nadie.

3. Si en su discurso predomina la psicología y conducta política del luchador en campaña ¿es que efectivamente busca la reelección y la modificación de la Constitución para perpetuarse en el poder o cuando menos lograr otro período? ¿Aparecerá su nombre en las boletas de la elección intermedia con motivo de la revocación de mandato?

4. Si habiendo sido un formidable opositor y crítico contumaz del sistema político del que proviene y del presidencialismo vertical ¿por qué actúa como máximo intérprete de la Constitución, de las leyes e incluso se asume a veces como Procurador General cuando determina y resuelve cómo y contra quienes se debe actuar y en que momento y contra quiénes no? Esto no es congruente con el discurso que ha tenido antes.

5. Si no se perseguirá a altos exservidores públicos aun si hubiesen llenado sus bolsillos y emprendido negocios de modo ilícito o intervenido en conductas como la desaparición forzada de personas ¿cabe decretar un borrón y cuenta nueva, ante las víctimas, los deudos, los familiares, el demérito de los recursos públicos nacionales, producto de los impuestos? ¿Le parece que ésto es la justicia que tanto han esperado los mexicanos?

6. La clase política ¿es o no la primera que debe sujetar sus actos a la Constitución y a las leyes? Jamás en ningún país donde se llega a un cambio de gobierno y se propone un cambio de régimen, el ejercicio de la acción penal ha polarizado a la clase política, sobre todo cuando se ha actuado contra corruptos. Sí, en cambio, la sociedad se divide y polariza cuando la justicia no se aplica y, por lo mismo, parte importante de la sociedad no perdona ni olvida.

Si la política queda colocada por encima del régimen jurídico, se pierde un referente indispensable de la vida pública: a los ciudadanos nos toca cumplir la ley, a los políticos respetarla y a los jueces resolver en casos de cualquier quebranto del orden jurídico.

México padeció en el siglo XVIII, 62 años de lucha civil interna y en contra de otras naciones y pudo alcanzar su independencia. Juárez amnistió a algunos políticos y ciudadanos que colaboraron durante cuatro años con el Imperio Franco-Belga, pero ejecutó sin metáfora alguna en el Cerro de las Campanas a quienes consideró los cabecillas del intento imperial.

Madero perdonó a todos (así le fue), no tuvo casi tiempo de gobierno porque tampoco tuvo idea de la política ni del país. Las últimas acciones de amnistía o perdón fueron hacia los sectores más desprotegidos, hacia aquellos que habían invadido tierras, causado daños, robado frutos, motivados por el hambre. Los “líderes” que los habían motivado a quebrantar la ley se fueron tranquilos a sus casas, perdonados de una u otra forma.

Gerald Ford en Estados Unidos consideró que procesar a Nixon haría perder prestigio a Estados Unidos. Aunque enjuició a todos los involucrados en el Watergate pagó las consecuencias y perdió la reelección.

Pasar por alto la corrupción pasada o presente, ¿no equivale a institucionalizar la voluntad política y enviar el mensaje a los actuales funcionarios que la Constitución y la Ley están prácticamente en el archivo histórico del antiguo régimen y que todo será fácil y sencillo si se atiende solo a la voluntad del Presidente, el que decide todo? Minimizar e ignorar a otros poderes y fuerzas reales, es una ilusión que puede costar muy caro a todos.

La pasada administración tuvo un gran desprestigio, en parte por la impunidad que se otorgó a la mayoría de los corruptos.

Si usted decide continuar el mismo camino, ya sabe de antemano los resultados.

El reto no es legitimar la impunidad, ni substituir a la justicia, es construir una democracia, con respeto a los poderes y sujeción a la Constitución, es el único camino para alcanzar la paz social y el crecimiento integral de México.

Notario público, ex procurador general de la República