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La segunda vida de la Constitución del estado de Colima

03/01/2018
02:03
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El pasado 27 de diciembre se publicó el “texto reordenado y consolidado” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se trata de una revisión técnico-jurídica de la Constitución vigente, con sus reformas y adiciones hasta julio de 2017, revisión que adquiere mayor relevancia aún por realizarse en el año en que la Constitución colimense cumplió también cien años de su promulgación. Es la primera vez que un Estado de la República lleva a cabo un ejercicio similar. En las últimas dos décadas varios Estados han emprendido una reforma integral de sus constituciones, pero hasta ahora no con el único propósito de poner orden en un texto que se había venido desajustando por efecto de las frecuentes modificaciones introducidas en él. De este modo podría decirse que la Constitución del Estado de Colima está preparada para una segunda vida. Las reformas que irá requiriendo a partir de ahora podrán procesarse e integrarse en ella de manera mucho más transparente y ordenada.

El nuevo texto de la Constitución colimense se ha aprobado por iniciativa del gobernador del Estado, la cual se apoyó, a su vez, en un estudio académico realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tanto el Gobierno –por conducto de su Consejería Jurídica– como el Congreso del Estado, sometieron dicho estudio académico a una muy cuidadosa revisión antes de su aprobación definitiva. El resultado es un documento mucho más balanceado y sistemático entre sus apartados y artículos; entre otros cambios, se han eliminado los artículos bis o derogados, así como las inconsistencias y fallas de redacción y ubicación de las disposiciones que se habían acumulado a lo largo de cien años. El texto reordenado y consolidado se lee y se siente como si fuera el de una nueva Constitución, a pesar de que, jurídicamente hablando, no se alteró su contenido.

Ciertamente –como podrían argüir los críticos– el ejercicio no resuelve por sí mismo ningún problema sustantivo, lo cual tampoco era su objetivo. Pero no es trivial generar un texto fundamental no sólo más claro para fines de interpretación jurídica, sino más comprensible y accesible para la ciudadanía. Como señala el profesor alemán Peter Häberle, una Constitución no es sólo un documento sometido al monopolio de juristas y políticos, sino patrimonio cultural de toda la sociedad, en el que ésta puede ver reflejadas su historia y sus aspiraciones. El ejercicio de reordenación y consolidación del texto constitucional ofrece la inestimable oportunidad de acercarlo nuevamente al pueblo al que está destinado, con el fin de generar una nueva cultura constitucional en la que los ciudadanos se apropien de su Constitución, la hagan valer y sientan incluso orgullo por el patrimonio histórico, político y jurídico que recoge.

Hace un par de años, el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un estudio académico similar respecto de la Constitución General de la República, la cual se encuentra en un estado de desorden y descuido mucho más grave que el que aquejaba a la Constitución de Colima, lo que hace todavía más conveniente e incluso urgente la reordenación y consolidación de su texto. Si pusiéramos orden en este ámbito en apariencia puramente simbólico –como lo ha hecho ejemplarmente el Estado de Colima– quizá podamos empezar a poner orden en otros campos de la vida pública que tanto lo necesitan. ¡Atrevámonos a hacerlo!

Investigador del Insituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

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