Desarraigo constitucional

A Leonardo Curzio, ejemplo
de compromiso con la libertad

Presión, coacción y persecución de periodistas en México están a la orden del día. La CNDH reporta que “se tiene el registro de 100 homicidios de comunicadores, ocurridos entre el 1 de enero de 2000 a la fecha; 21 periodistas desaparecidos, desde 2005, y 45 atentados contra medios de comunicación, desde 2006”. Varios comunicadores han debido dejar sus medios por presiones de distinto tipo. Artículo 19 califica a México como uno de los países más peligros para ejercer el periodismo.

Quisiera enfocar este problema en el contexto más amplio del estado que guardan los derechos humanos en México. En una investigación en proceso, hemos encontrado que a pesar de que en el país ha habido un notable proceso de “institucionalización” de los derechos humanos en un largo proceso que va de los años noventa al presente, su realización dista de estar a la altura de los mínimos deseables. Entre estos derechos está la libertad de expresión.

El análisis de casi tres décadas muestra una puja constante entre exigencias de respeto y realización de derechos humanos a los que México está obligado por la Constitución y por los tratados a los que ha adherido, y autoridades que obtaculizan continuamente las medidas necesarias para su garantía. Sólo en el período 2000 a 2003 se registró una concordancia entre las acciones del gobierno y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Esto fue cuando se adoptó como política interna y externa la defensa de los derechos humanos por encima de otras consideraciones. Se creó entonces la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Cancillería, con Mariclaire Acosta al frente, misma que desapareció en 2003. Esta responsabilidad corresponde hoy en día a la Secretaría de Gobernación. El año 2011 registró también un evento de la mayor importancia: la reforma del Artículo primero constitucional impulsada por grupos de la sociedad civil y legisladores de izquierda que establece los derechos humanos y el principio pro-persona como criterio primordial del actuar de toda autoridad. La SCJN inició al mismo tiempo la décima época del semanario marcando con ello la prelación de los derechos humanos en las actuaciones del Poder judicial de la Federación. Hasta ahí algunas de las principales innovaciones institucionales en la materia que, en teoría, obligan a todos los poderes y autoridades. Y sin embargo, la situación ha empeorado.

La tierra donde se ha sembrado la semilla de los derechos parece ser la de un desierto extremo en el que apenas crecen ramas pálidas y que, además, han requerido de esfuerzos mayúsculos. No me detengo en el detalle, pero los casos más sonados de éxito en la materia han requerido décadas para resolverse, o bien, de activismos de tiempo completo. Las resistencias de quienes administran las instituciones para imponer el principio pro-persona devienen de añejas tradiciones, reflejos autoritarios y de la corrupción moral, política y económica. El caso de Leonardo Curzio lo ilustra con claridad meridiana.

Sin arraigo en la sociedad, los valores constitucionales son mero adorno. La mínima deontología jurídica exige que los valores tengan presencia en normas y se reflejen en las conductas de ciudadanos y autoridades. La calidad de la vida social depende de ello, pero el divorcio es patente. La cultura cívica que está por los suelos es un espejo de ese divorcio y de la pobreza del espacio común.

Director de Flacso en México.
@ pacovaldesu