De perros y longanizas

El socavón de la Autopista del Sol a la altura de Cuernavaca ha contribuido a colmar la paciencia de muchos. ¿Qué clase de arreglos y desarreglos, desconocidos para el publico, pueden llevar a que la tan necesitada obra colapse a pocos meses de su entrada en funcionamiento? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó (EL UNIVERSAL 15/08/17, B1) que no tiene capacidad de supervisión y que, en virtud de esa insuficiencia, suele dejar en manos de las empresas concesionarias la inspección de obras. Obviamente eso es como encadenar perros con longanizas (pido perdón a los perros). O dicho de otro modo, de propiciar la captura del Estado por intereses privados.

El caso es ejemplar, pues ilustra el problema de las autoridades gubernamentales cuando se trata de proveer al bienestar público en el contexto de un Estado devastado y depredado. No hay que defender pasados idealizados ni futuros imposibles. Los hechos, las cifras y las percepciones apuntan a que el Estado aquí y en otras partes no puede con el paquete. Fue desmantelado por las políticas económicas inspiradas en el marginalismo y sus falsas conclusiones políticas, que pronosticaron falsamente que los individuos cubrirían los vacíos dejados por el Estado social que no fue reformado para su mejora, sino desmantelado. Yerro conceptual más insuficiencia deliberada de medios para traducir compromisos en resultados.

La consecuencia de esa política es el fracaso. El Estado, como sumatoria de las instituciones establecidas para propiciar el bien colectivo, ha fallado y cada día falla más. No puede contener la criminalidad organizada, no puede controlar fronteras ni flujos humanos y económicos, no puede gobernar las finanzas privadas, no puede moderar el deterioro del medio ambiente, no puede procurar salud, no puede aminorar la pobreza, no puede revertir la desigualdad, no puede garantizar finanzas públicas suficientes y un larguísimo etcétera. No hay democracia que aguante si el Estado es nulificado. Dar a los depredadores naturales la vigilancia del bienestar común es entregar los bienes públicos a quienes se los embolsarán para sus propios fines.

No hay ni puede haber “democracia de resultados” sin los medios para producirlos. Democracia es votos libres ante opciones competitivas. Pero también es resultados de gobierno. En los últimos años ha crecido la literatura especializada que se empeña en mostrar que la “democracia” no da resultados, que es insuficiente, que no puede proveer los bienes colectivos que mejoren la vida en común. Más aún, hay una tendencia a señalar que la política democrática debe sustituirse por gobiernos de “expertos” o, inclusive, que debe suprimirse y en su lugar establecer gobiernos (y Estados) que en vez de ser democráticos sean, simplemente, eficientes.

En estos argumentos hay errores de principio y razonamiento. La democracia es una forma de elegir gobierno, pero todo gobierno se enmarca en un Estado constitucional (si es democrático). Y ese Estado es el responsable de rendir beneficios a la sociedad de la que emana y de la que es representativo. La confusión entre ambas cosas es letal. El desmantelamiento por principio del Estado social ha operado independientemente de la elección de gobiernos. Votar por partidos y políticos de izquierda, derecha o centro es irrelevante mientras no atendamos que el asunto fundamental es la conectividad de las elecciones con la operación de las instituciones que sirven a la gente.

La razón debe imperar: se requiere de Estados competentes, con buenos desempeños. Eso sí, cuestan dinero y no hay otra forma de pagarlos que con los impuestos. Si hoy los recursos públicos se escurren por vía de la baja e injusta recaudación, la corrupción y la depredación, ello se debe a que nuestros sistemas de gobierno son producto de hacer impotente al Estado para hacer frente al bienestar y se han transformado en presa de depredadores muy competentes.