No queremos una sociedad armada

En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos denunciado una y otra vez que, de mantenerse las actuales tendencias de incidencia delictiva, 2017 podría cerrar como el año más violento de la historia reciente.

Si comparamos la estadística oficial de enero a agosto de 2017 contra la del mismo periodo del año anterior, encontramos que las tasas por 100 mil habitantes de homicidio doloso ha crecido 23.55%; de homicidio culposo 6.90%; de secuestro 2.35%; de extorsión 15.79%; de robo con violencia 36.99%; de robo de vehículo 15.50%; de robo a casa habitación 2.18%; de robo a negocio 36.18% y de robo a transeúnte 34.68%.

Ante tal alza de violencia, surge nuevamente una propuesta por ampliar los derechos establecidos en el artículo 10 de nuestra Constitución que permite a los ciudadanos poseer armas en el domicilio, con el fin de una legítima defensa, excluyendo aquellas prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

La mayoría de quienes pugnan por modificar este artículo, facilitando el acceso legal a las armas, lo hacen bajo una genuina demanda de mayor seguridad y en el interés de protegerse y proteger a sus seres queridos en un contexto donde no se vislumbra que el Estado sea capaz de reducir los actuales índices delictivos.

Ante quien pide resolver por propia mano, de manera violenta la agresión de criminales y la incapacidad del Estado, no puedo más que recordar mi experiencia de vida.

Hace 35 años mi papá era bodeguero en la colonia Bondojito, toda su vida había sido comerciante en diferentes lugares como la Merced y luego en la Central de Abasto.

El trabajo duro incluía un riesgo: enfrentar el embate de la criminalidad. En un México con un Estado de Derecho aún más débil que el que tenemos hoy, mi papá poseía un arma que portaba consigo y de la que dudo, tuviese el permiso.

En reiteradas ocasiones fuimos víctimas de asaltos a mano armada (incluso uno perpetrado por policías de la Ciudad de México), sin embargo, recuerdo un asalto en particular: al cierre del día de trabajo, unos sujetos armados entraron a la bodega de mi papá y, durante el asalto, nos golpearon reiteradas veces a todos los asistentes. No importó que la esposa de mi papá estuviese embarazada o que yo fuese un niño de 9 años; repartieron golpes a todos, aunque reservaron la mayor saña para mi papá.

El día posterior al asalto, con la típica ingenuidad de un niño, cuestioné a mi papá el por qué no había usado su arma para defendernos, él contestó que, si hubiese intentado sacar el arma, estaríamos todos muertos. 35 años después, sigo recordando qué significa ser víctima y el dilema de la defensa personal.

En los últimos años he vivido de cerca muchas formas de violencia, he perdido a seres queridos, he visto graves consecuencias de las acciones perpetradas por sujetos que desprecian la ley, la vida y los derechos de los demás, en un contexto de ineficacia, desinterés y corrupción de muchas autoridades. He acompañado en el dolor y la rabia a muchas víctimas que han vivido en carne propia lo peor que nuestra sociedad ofrece y he sentido ese dolor y esa rabia.

Sin embargo, sigo pensando que la respuesta que los ciudadanos debemos buscar es la de instituciones confiables, la de un sólido Estado Democrático de Derecho que respete y garantice los derechos individuales y colectivos.

A quien pide una ley que les permita dirimir los conflictos a balazos, una ley que ponga en peligro a otros y aumente los factores de riesgo de violencia en nuestra sociedad, debemos pedirle que invierta su esfuerzo en luchar por un país de leyes y deje a un lado soluciones que parecen rápidas, pero que implican costos sociales enormes para el país.

Ampliar la portación de armas nos remite a un país donde impera la ley del más fuerte; un contexto de ciudadanos que “hacen justicia por propia mano” desincentiva la mejora de las instituciones, debilita los procesos de justicia y mantiene a la mayoría de la sociedad -esa sociedad pacífica que nunca se armaría- en un estado de desamparo.

En el ONC hemos apostado por proponer una política nacional que frene el ingreso ilícito de armas de fuego al país, seguida de acciones locales por combatir y erradicar los mercados ilícitos de esas armas; apostamos por el desarrollo de indicadores de desempeño y de resultado de las autoridades de seguridad y justicia; proponemos generar contrapesos que obliguen a mayor transparencia y rendición de cuentas en esta materia; pugnamos por el combate a la corrupción; y fomentamos la cultura de la legalidad.

En el ONC seguiremos apostando por un país donde exista un piso parejo en el combate a los delitos y rechazaremos todo factor de riesgo que aumente el peligro para todos los ciudadanos. En el ONC lo decimos claramente ¡no queremos una sociedad armada y haremos lo necesario para que esto no suceda!