En una época donde parece que la opinión sin sustento es más relevante que los datos duros, la percepción de autoridades y ciudadanos es que, en materia de seguridad y justicia, en la última década, el dinero ha fluido sin problema.

Por ello, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) decidimos alearnos con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) para identificar cuánto, cómo y en qué hemos gastado en esta materia.

Hoy, 11 de junio presentamos la investigación Gasto Público en Seguridad: una mirada a la ruta de los recursos, donde precisamente intentamos entender y explicar si esa premisa públicamente aceptada es cierta: “dinero ha habido mucho, pero ha sido mal gastado o robado”.

Con datos a la mano, no podemos afirmar que haya habido mucho dinero en la última década, sobre todo si nos comparamos con países similares. Cuando en los países de la OCDE se gasta un promedio de 1.7% del PIB en esta materia, en México apenas llegamos al 0.96%, eso sin considerar que ninguno de estos países enfrenta un reto como el nuestro, por lo que sería esperado que nosotros gastásemos algo superior en este rubro.

Fiel a nuestro estilo, el gasto en seguridad obedece a dos lógicas absolutamente esquizofrénicas: Por un lado, el gasto se encuentra concentrado en tres rubros principales –que ocupan la mayor parte del gasto-, las Fuerzas Armadas, la administración de justicia y las policías, mientras que la restante minoría del gasto se atomiza en una serie de políticas públicas que terminan recibiendo migajas que hacen inoperantes dichos programas.

Para muchos no representa una sorpresa lo poco que gastamos y hemos gastado en procuración de justicia, por lo que no debe sorprender entonces las altas tasas de impunidad del país.

De igual manera, se confirma la ausencia de elementos que permitan evaluar el gasto a partir de necesidades del Estado, como de indicadores de desempeño o de resultado.

Por lo que refiere al presupuesto para el primer año de esta administración, preocupa que el poco dinero destinado a lo local se haya reducido aún más. El presupuesto propuesto a prevención es 14% del total en esta materia y su recorte es del 27% de 2018 a 2019.

Pese a que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 hace énfasis en la importancia de los derechos humanos como eje transversal, si hacemos caso a la máxima que dice que el amor se ve en el presupuesto, es decir, los programas que cuentan con presupuesto son los que importan y los que no es porque no son relevantes, los derechos humanos no importan ya que este rubro recibe apenas el 0.01% del PIB.

Otras inconsistencias entre la narrativa oficial, las acciones emprendidas y el presupuesto, son las que se refieren a la puesta en marcha de un sistema de coordinación entre la Guardia Nacional y las autoridades locales, así como en materia de combate a la corrupción.

El presupuesto de coordinación de la Seguridad Pública ha disminuido constantemente desde 2012, lo que no permite entender cómo se lograrán establecer mecanismos eficaces entre una nueva institución -la Guardia Nacional- y las policías, procuradurías y fiscalías locales.

Por lo que refiere a los recursos de combate a la corrupción, desde 2015 la disminución de los recursos destinados ha sido constante y no se identifican los resultados de los programas presupuestarios dentro de este eje.

Ante la crisis de incidencia delictiva, violación a derechos humanos y violencia que atraviesa nuestro país, una crisis que rompió récord en 2017, luego en 2018 y que probablemente este año rebase a los anteriores, urge definir con claridad un rumbo de acciones sustentadas en las necesidades de ciudades, regiones, entidades y del país.

Por ello, es imperativo desarrollar esas medidas de evaluación del gasto y de resultados que confirmen si las estrategias en seguridad funcionan o no, porque con base en lo que tenemos ahora, el gasto en seguridad muestra que seguimos sin una estrategia clara de seguridad en el país.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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