Debemos iniciar un proceso de pacificación en México

En los próximos 10 días se estará llevando a cabo la XLIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Ante el cierre del año más violento de la historia reciente de nuestro país, deberíamos esperar un mensaje claro que muestre liderazgo, unión, sentido de corresponsabilidad, rendición de cuentas y que explique qué acciones específicas habrán de llevar a cabo el conjunto de instituciones de seguridad y justicia del país para disminuir la incidencia delictiva y la violencia.

Construir el México seguro que TODOS anhelamos requerirá de la formación de suficientes cuerpos civiles en materia de seguridad y justicia -en términos tanto de tamaño de la institución, como de las competencias necesarias para enfrentar cada uno de los retos que los servidores públicos enfrentan-.

Necesitamos construir un sistema de servicio civil de carrera para policías, peritos y ministerios públicos, sustentado en desempeño y resultados. Éste debe ser construido sobre sobre bases objetivas que no dependan de voluntades políticas, amiguismos o compadrazgos.

Es fundamental que podamos tener una mayor transparencia y rendición de cuentas en materia de gasto público para entender si las acciones emprendidas están logrando efectos para mejorar la seguridad del país.

Debemos transitar hacia un uso de la inteligencia en la acción del gobierno, y para esto es fundamental fortalecer la construcción de estadísticas e información confiable, al tiempo que se requieren competencias específicas desarrolladas en los cuerpos de seguridad y justicia en materia de investigación, pericial y forense. Tenemos que transitar de una política reactiva a una preventiva sustentada en información objetiva.

En este contexto, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) proponemos acciones puntuales que el actual gobierno federal y los gobiernos estatales deberían empeñarse en cumplir en los próximos meses.

Indudablemente los retos relativos a la construcción de un país seguro son multifactoriales, complejos y requieren de acciones a corto, mediano y largo plazo, por tal motivo, dividimos nuestra propuesta en 5 temas generales que en el ONC consideramos, son la clave para iniciar un proceso de pacificación del país.

Los 5 temas incluyen reformar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública; relanzar el Programa Nacional de Prevención del Delito; combatir el lavado de dinero y la estructura financiera de los delincuentes; reducir la incidencia y efectos del robo de hidrocarburos y generar los incentivos necesarios para los integrantes de las instituciones de seguridad y justicia:

1. Sistemas de estadística en materia de seguridad.

a. Reformar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer las atribuciones del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de que no sólo desarrolle un papel como mero receptor de las estadísticas de carpetas de investigación abiertas por las procuradurías y fiscalías generales estatales, sino que pueda ejercer más presión y tener más responsabilidades en cuanto a la mejora de la completitud, oportunidad y consistencia de la información.

b. Construir y publicar bases públicas de datos estadísticos que se desprendan del Informe Policial Homologado (IPH), con la finalidad de identificar los casos atenidos por los cuerpos policiales y poder desarrollar los cambios que requiere el IPH para que funcione adecuadamente. La publicación de esta información permitiría complementar la información proveniente de las procuradurías y fiscalías generales estatales para tener un mejor diagnóstico de la operación de la delincuencia tradicional y organizada.

c. Desarrollo de capacidades de sistematización y análisis de información en procuradurías y fiscalías generales estatales, así como en las instituciones de seguridad pública. Conseguir productos de información estadística y geográfica de calidad implica que se generen capacidades institucionales en múltiples niveles, es decir, desde la generación de los datos en campo hasta la puesta en marcha de herramientas de descarga y visualización de estos. Esto permitirá fortalecer las acciones de inteligencia para controlar, desincentivar y sancionar las conductas ilícitas.

2. Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred)

a. Dotar de recursos a la prevención.

b. Se debe fomentar la elaboración de diagnósticos específicos en materia de prevención antes de proponer políticas públicas al respecto.

c. El programa a nivel federal debe enfocarse en la capacitación y creación de capacidades en prevención.

d. La selección de municipios acreedores a subsidios debe realizarse con base en diagnósticos, capacidades instaladas y factores de riesgo. Por lo tanto, no debe considerarse como factor determinante el número de homicidios.

3. Lavado de dinero.

a. Fortalecer las capacidades institucionales de la Procuraduría General de la República relativas al lavado de dinero para lograr procesos judiciales más expeditos.

b. Emprender medidas para frenar recursos de financiamiento al terrorismo.

c. Implementar más mecanismos preventivos a través de certificaciones periódicas a instituciones del sistema financiero mexicano.

4. Robo de hidrocarburos

a. Continuar con la estrategia de identificación y sanción a las gasolineras que comercialicen combustible robado a través de la implementación de controles contables y volumétricos, así como la rescisión de contratos.

b. Realizar modificaciones al marco legal para que se pueda sancionar a cualquier persona que desempeñe alguna actividad relacionada con el robo de hidrocarburo.

c. Mejorar los controles internos en Pemex para desincentivar la colaboración entre el personal de la empresa y criminales.

d. Crear una Fiscalía Especializada encargada de robo de hidrocarburos, debido a la complejidad del delito y la urgencia para desahogar las carpetas de investigación.

5. Incentivos en las instituciones de seguridad y procuración de justicia

a. Reformar el segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B del Artículo 123 de la Constitución con la finalidad de generar incentivos positivos al interior de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, mediante la eliminación del trato discriminatorio del cual son objeto en términos laborales, al existir la posibilidad de ser cesados injustificadamente sin posibilidad de reinstalación pese a que se demuestre la inocencia de peritos, ministerios públicos y policías.

b. Impulsar en el ámbito estatal, el desarrollo de programas de mejora de las condiciones sociolaborales de los servidores de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, con la finalidad de que tengan las condiciones de trabajo mínimas: estabilidad, salarios dignos, prestaciones que les permitan acceder a un patrimonio, seguridad social. Como parte de dichos programas se deben reconocer los riesgos ante los que se enfrentan y tratar de materializar dicha concepción -en la medida de lo posible- en condiciones laborales como seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida complementaria, servicios de atención psicológica, entre otros.

Ante las casi 24 mil víctimas de homicidio doloso y los centenares de miles de otros delitos, las autoridades están obligadas a mostrar capacidad para trabajar en conjunto con los diferentes actores sociales, en las zonas puntuales y contundentes que mejoren la terrible situación que en materia de seguridad estamos viviendo los mexicanos.

En sobradas ocasiones, el CNSP ha demostrado ser más un espacio para los autoelogios que un lugar de rendición de cuentas y de replanteamiento del camino perdido; la crisis que vivimos nos exige no perder más tiempo, ya que urge un cambio de ruta y éste debe ser ¡ya!