En los últimos días ha vuelto a tomar fuerza el pretendido interés del Ejecutivo Federal por someterse a un ejercicio denominado revocación de mandato, un procedimiento por medio del cual los ciudadanos, a través de su opinión, pueden ratificar a un funcionario para que termine su mandato o bien, pueden “destituirlo” por así decirlo, para que no concluya su periodo en relación a sus resultados.

Estos ejercicios generalmente se deciden en las urnas apoyados por la institución nacional electoral. Consecuentemente, en este ejercicio de democracia directa el poder de decisión recae directamente en la población. Apenas en septiembre de 2018 Morena presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución, para determinar las bases jurídicas de la revocación del mandato del presidente de la República. Entre los aspectos más destacados de dicha iniciativa está la obligación ciudadana de votar en dichos procesos revocatorios, así como de participar en ejercicios como las llamadas consultas populares.

Esta iniciativa va de la mano con el punto 82 que López Obrador hiciera en diciembre del año pasado en donde hacía el compromiso de someterse a la revocación de mandato el primer domingo de julio de 2021, bajo el argumento de que “el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo es soberano”. Hay que advertir que en legislaturas anteriores ya se habían presentado iniciativas relacionadas con la revocación de mandato.

En nuestro país, aunque en la Constitución Política no existe la revocación de mandato de la presidencia de la República, sí existe el juicio político por traición a la patria, el cual es un mecanismo que no ha sido utilizado. Donde sí encontramos la revocación de mandato como instrumento, mecanismo o procedimiento jurídico para que los ciudadanos lo utilicen es a nivel local, como por ejemplo la Ciudad de México.

Ahora bien, de materializarse la figura de revocación de mandato para 2021, la misma empataría tanto con las elecciones federales como locales que tendrán verificativo ese mismo año, lo que traería consigo muchas interpretaciones. De entrada, seguramente la oposición cuestionaría que López Obrador pretendiera estar, “junto con pegado”, en la disputa por los cargos de elección popular en juego en ese año. Desde mi perspectiva cabrían diversos comentarios, de los que refiero sólo algunos.

Conociendo la popularidad alcanzada por López Obrador y que varios medios de comunicación han publicado en estos días, bien cabe la duda si la revocación de mandato no sería parte de una estrategia político-electoral para ganar el mayor número de posiciones en 2021.

López Obrador, tal y como sucedió en la elección de 2018, se convertiría en la punta de lanza de la elección, llevándose consigo a muchos actores políticos que alcanzarían el triunfo electoral; me parece que en varios casos más por AMLO que por la fuerza electoral de algunos candidatos.

La revocación de mandato podría traer consigo que, en el ejercicio del cargo de presidente de la República, se pueda considerar la intervención del Ejecutivo en las elecciones federales y locales de 2021.

Desde un enfoque estratégico, a Morena le convendría que López Obrador estuviera en la boleta, ya que si logra conservar sus números de popularidad, lograría afianzar a su partido y seguramente a sus aliados en la contienda electoral referida.

Si se lleva a cabo la revocación de mandato a la par de las elecciones, podrían sentarse las bases para que Morena llegue fortalecido a la antesala de la elección presidencial de 2024.

Cualquiera que sea la definición que los actores políticos determinen, considero que lo más sano, si se insiste con la pretendida revocación de mandato, es que ésta se realice después de calificada la elección de 2021, lo que generaría un clima de estabilidad política, además, de equidad en la contienda. ¡Hasta la próxima!

Analista político. @fdodiaznaranjo

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