Protestan en más municipios de Yucatán contra pescadores "fuereños"

Los pescadores culpan de robos y de romper la paz a quienes llegan de otros estados
La protesta de pescadores en San Felipe contra "fuereños" se suma a las realizadas en los municipios de Dzilam de Bravo y Dzilam González. (CUAUHTÉMOC MORENO. EL UNIVERSAL)
02/08/2017
01:17
Yazmín Rodríguez / Corresponsal
San Felipe
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Decenas de pescadores de este puerto del oriente de la costa de Yucatán protestaron ayer en el Palacio Municipal para exigir la expulsión de “fuereños”, para impedir que participen en la temporada de captura de pulpo, la cual inició el pasado martes.

Los pescadores —alrededor de 150—, decidieron que nadie saldría hacia alta mar hasta que se vayan todos los foráneos del lugar y durante varias horas mantuvieron la entrada y salida de este puerto cerradas. Fue hasta la tarde de ayer cuando permitieron el acceso, a petición del alcalde Gabriel Enrique Marrufo Marfil, de extracción priísta.

Este es el tercer municipio del oriente del estado que se moviliza pidiendo “expulsar” a la gente de fuera, —principalmente de estados vecinos como Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, entre otros—, bajo el argumento de que son los que están propiciando la ola de asaltos y enfrentamientos en esas comunidades.

En los municipios de Dzilam de Bravo y Dzilam González, ocurrió lo mismo hace dos semanas, cuando los lugareños pidieron a los “fuereños” salir de esos sitios.

En el caso de San Felipe, los pobladores acudieron a la sede del ayuntamiento para exigirle al alcalde Marrufo Marfil que tome medidas para impedir la llegada de personas de otros estados, pues los culpan de ser quienes en los últimos días han robado motores de lanchas y “de romper la paz y la tranquilidad del puerto”.

Los manifestantes dijeron al presidente municipal que deje de apoyar a los permisionarios pesqueros, quienes, comentaron, “no cumplieron su palabra”, pues habían acordado que para esta temporada de pulpo no contratarían a pescadores de otras entidades del país.

Durante la protesta llegaron funcionarios del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal del Gobierno del Estado (INDERM) para dialogar con el alcalde, pobladores y permisionarios, sin que se dieran a conocer los acuerdos a los que llegaron.

Aproximadamente 40 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado vigilaron que la protesta no pasara a mayores ni se cometieran actos de violencia.

Se desmarcan las autoridades federales. Al respecto, el subdelegado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Luis Ernesto Martínez Ordaz, declaró que aunque este tema no le compete a esa dependencia federal, espera que el conflicto se solucione pronto para que la gente pueda salir a pescar pulpo y no hayan afectaciones económicas.

Aclaró que la Conapesca no prohíbe a los permisionarios contratar a personas de otros estados para capturar la especie, por lo que están en todo su derecho de hacerlo.

“Nosotros dimos los permisos, pero en ningún lado dice que no pueden contratar a gente foránea, esa no es nuestra función. Tengo entendido que hubo un acuerdo de la comunidad, pero no es algo que le competa al estado”, explicó.

Martínez Ordaz sostuvo que la pesca de pulpo es la más importante de Yucatán y deja una gran derrama económica, por lo que espera que no hayan más conflictos en San Felipe ni en ningún otro municipio costero.

“Este tipo de situaciones perjudican a muchas familias, pues los pobladores no están saliendo a pescar.

Sin pesca no hay ingresos, por lo que esperamos que pronto lleguen a un acuerdo… aunque no es un tema de Conapesca, esperemos que se resuelva, a nadie nos gusta que ocurran estos conflictos”, señaló.

Con respecto a la temporada de pulpo, se pretende capturar por lo menos 22 mil toneladas del producto marino hasta el 15 de diciembre, tal como sucedió el año pasado.

Tienen permiso de pesca 426 embarcaciones mayores y 3 mil 400 menores, y podrán participar aproximadamente 12 mil pescadores, de acuerdo con la Conapesca.

Emiten medidas cautelares. Por lo pronto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY) emitió una medida cautelar al ayuntamiento para garantizar la seguridad jurídica de la gente en esa localidad, y se permita el libre tránsito. Se espera que el presidente municipal acepte esta propuesta.

Una acción similar realizó ese organismo autónomo hace unas semanas en Dzilam de Bravo y Dzilam González (también de la costa oriente del estado), luego que se dio a conocer que los pobladores pretendían expulsar del pueblo a personas originarias de otros estados.

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