Bajo fuego. Periodistas, entre el riesgo y autocensura

Según Reporteros sin Fronteras, en Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas los comunicadores se enfrentan a la corrupción y al crimen organizado al cubrir temas sensibles
El gobierno de Guerrero anunció la creación de un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas similar al que opera la Secretaría de Gobernación. (SALVADOR CISNEROS. EL UNIVERSAL)
05/07/2017
09:00
Chilpancingo
ARTURO DE DIOS, ÉDGAR ÁVILA Y CARLOS ARRIETA
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Los reporteros en México trabajan bajo fuego. Se mueven en zonas donde políticos y grupos delictivos han impuesto el silencio y la autocensura los carcome. En Guerrero, en 40 días —del 13 de mayo al 27 de junio— han sido agredidos 20 reporteros y sus agresores están identificados. Son gobernantes, funcionarios, policías y el crimen organizado.

Guerrero no es el único caso. De acuerdo con el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, dado a conocer el abril pasado, México ocupaba en 2016 el lugar 147, lo que lo colocaba entre los países donde menos libertad existe para ejercer el periodismo. Según esta organización internacional el país está plagado de corrupción y delincuencia organizada a nivel local. “En Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas es extremadamente peligroso para los periodistas cubrir temas sensibles, sobre todo porque la impunidad de los crímenes contra los medios de comunicación alimenta un círculo vicioso que continúa año tras año”, afirma.

Según la CNDH estos cuatro estados destacan entre los seis que concentran el mayor número de homicidios de periodistas. De los 128 que han sido asesinados desde el año 2000 a la fecha, 20 fueron ejecutados en Veracruz,14 en Guerrero, 14 en Oaxaca, 14 en Chihuahua, 13 en Tamaulipas y 6 en Michoacán.

 

Documentar la violencia

En Guerrero, la violencia contra la prensa viene siempre de los mismo frentes. Las agresiones contra periodistas se dan en una entidadonde la muerte no comprende de límites. Sólo en 2017 suman más de mil 400, de acuerdo con recuentos periodísticos. Los reporteros, como los demás guerrerenses, viven codo a codo con la violencia. Las agresiones van desde insultos y descalificaciones, pasan por el robo, el hostigamiento y la amenaza, y llegan hasta el encañonamiento y los disparos. Pese a eso, muchos no están dispuestos a dejar de informar. Su trabajo, explican, es que no gane la impunidad, que no se imponga la barbarie.

Israel Flores está en la línea telefónica. Está enlazado con sus compañeros que celebran una asamblea de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (Apeg) en Chilpancingo. Israel es el corresponsal del diario El Sur y también es reportero del periódico local el Despertar del Sur. Desde hace años ha reportado cientos de muertes, enfrentamientos, secuestros y la descomposición en una zona donde las armas se han impuesto: la Tierra Caliente. Ahora, es de los pocos que reportea la disputa que libran Los Tequileros y La Familia Michoacana.

Antes de responder, Israel explica que no llegó a la asamblea de la Apeg porque ahora entrar y salir de esa región es un peligro. Sus palabras tienen sustento: las carreteras son controladas por los grupos delictivos. Un ejemplo: el pasado 13 de mayo en la carretera Iguala–Tierra Caliente, a la altura de Acapetlahuaya, 100 hombres armados detuvieron a siete reporteros que salían de la zona después de cubrir los bloqueos que supuestamente realizaron delincuentes. Les quitaron todo: cámaras fotográficas, de video, documentos personales, grabadoras, computadoras, celulares, dinero y una camioneta.

En ese contexto, Israel informa todos los días. Dice que se siente amenazado y que junto con sus compañeros han tomado como medida de protección la autocensura.

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Sumar voces

Este domingo, la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero realizó su asamblea de refundación. Durante varios años estuvo desactivada, pero sus integrantes decidieron regresarla a la vida por una razón fundamental: hacerle frente a los crímenes, ataques y agresiones en contra de reporteros.“No pensamos ir a escondernos abajo de la cama; sabemos la importancia de hacer efectivo el derecho a la información y estamos dispuestos a asumir el reto de continuar con nuestra labor”, dice Zacarías Cervantes, vocero de la Apeg. Los integrantes de la Apeg tienen claro el origen de las agresiones: la impunidad. Cervantes lo explica: “En casi todas las agresiones en contra de reporteros hay un común denominador: la impunidad, la protección y complicidad de la autoridades con los agresores”. Para muestra, el asesinato de Francisco Pacheco [abril de 2016] y de Cecilio Pineda [marzo de 2017], siguen impunes. La fiscalía estatal no ha informado nada al respecto.

 

Miedo a las balas

“Tuve miedo de que se les fuera a salir una bala, estaban muy nerviosos por el enfrentamiento”, dice Leonardo Martínez cuando cuenta cómo tres policías estales le apuntaron para exigirle que borrara las fotos que había tomado de un enfrentamiento con hombres armados en la colonia El Embalse, en Zihuatanejo. La noche del lunes 5 de junio, Leonardo estaba en la casa de sus padres, cuando escuchó balazos. Cuando salió a documentar cómo los policías estatales se llevaban el carro que manejaban los hombres armados, un agente se dio cuenta, se bajó y con su arma en la mano se les acercó con otros dos. Los tres se fueron encima a Leonardo: uno le puso el rifle en la cabeza, otro en el estómago y el tercero en la espalda.

No es el único caso. En los últimos días en la Costa Grande, seis reporteros ha sido violentados. El reportorio de tácticas va desde amenazas de autoridades como la que realizó el 19 de mayo el alcalde Gustavo García, denostando el trabajo de cuatro reporteros por la cobertura que hicieron sobre la detención de 60 policías municipales; hasta el caso más grave de los últimos meses, el de Marcela de Jesús Natalia a quien le dispararon cuando salía de su programada de radio en Ometepec. Uno de los tiros le dio en boca. Aún se restablece en un hospital.

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Veracruz, contar los muertos

Durante el gobierno de Javier Duarte , 17 periodistas fueron asesinados en territorio veracruzano.Actualmente un total de 16  comunicadores tienen medidas de seguridad de “alto riesgo” después de haber recibido amenazas, informó la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza.

En lo que va de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, el columnista Ricardo
Monlui fue asesinado y el jefe de Información de la Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta, fue herido gravemente, aunque logró salir del hospital y se encuentra bajo protección en algún lugar del mundo. De enero a junio de 2017 se han registrado 31 agresiones de distinta índole en contra de periodistas veracruzanos. De acuerdo con la CEAPP, 23% de las agresiones proviene de particulares y el mismo porcentaje de servidores públicos, 4% de la delincuencia organizada,  y 50% es de origen desconocido.

Tamaulipas y el silencio

En el caso de Tamaulipas, la autocensura y los riesgos para ejercer el periodismo se reflejaron en el caso del penal de Ciudad Victoria. El 6 de junio no sólo hubo 4 horas de balaceras tras las rejas, con un saldo de 7 muertos, también corrió sangre en el exterior.

La prensa decidió callar. La Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas sintetiza la situación. “Nunca como ahora, las y los periodistas enfrentamos un clima de linchamiento, acoso, amenaza, así como detenciones arbitrarias, daños y allanamientos a oficinas, criminalización, campañas de desprestigio, desapariciones, secuestros y asesinatos por parte de algunos sectores del gobierno y de los grupos fácticos que atentan contra la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, en absoluta impunidad”.

Llamado de auxilio en Michoacán

De 2000 a la fecha seis comunicadores han sido asesinados y seis más se encuentran desaparecidos en la entidad, como consta en las denuncias presentadas ante las instancias de procuración de justicia.El caso más reciente es el de Salvador Adame, director del Canal 6Tv de Múgica, quien fue encontrado muerto el 14 de junio en la Barranca del Diablo, zona de Tierra Caliente, según la procuraduría michoacana. Según la fiscalía, un criminal reveló que el presunto responsable es Feliciano Ledezma, un jefe de plaza delincuencial de esa región.

Desde ese momento, más de 300 trabajadores de medios de comunicación inciaron movilizaciones en  la entidad, a las que se les sumaron periodistas de todo el país bajo el lema SOS PRENSA. El colectivo de aún exige justicia por el asesinato de Adame Pardo.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha iniciado 18 quejas por agresiones o ataques a periodistas desde enero de 2016 a la fecha, lo que representa un aproximado de una por mes, cifra nunca antes registrada en la historia de Michoacán.

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