Piden investigar a funcionarios por ejecución de activista en Chiapas

El defensor y ambientalista mexicano, Mariano Abarca, fue asesinado el 27 de noviembre de 2009, como consecuencias de denuncias contra la minera Blackfire Exploration; al menos 184 colectivos, organizaciones piden atender con seriedad el caso
25/07/2017
17:18
Roberto Aguilar / Corresponsal
Tamaulipas
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El Estado mexicano "falló en su obligación convencional de defender y proteger la vida" de Mariano Abarca, quien fue asesinado el 27 de noviembre del 2009, como consecuencia de sus denuncias contra la minera Blackfire Exploration, en el municipio de Chicomuselo, se expone en una carta enviada a autoridades mexicanas y diplomáticos de Canadá. 

Se dice que el homicidio de Abarca "significa una grave violación al derecho a la vida, la seguridad personal, al derecho a la reunión y al acceso a la justicia". 

Por todo esto, los 184 colectivos, organizaciones ambientalistas y personas de varios países, piden al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al gobernador Manuel Velasco y al Fiscal Raciel López, "asuman y atiendan con seriedad el asesinato del defensor ambientalista mexicano". 

Lo que se requiere "es una investigación objetiva, que esclarezca plenamente los hechos y castigue a los responsables materiales y autores intelectuales" del crimen, demandan. 

"La investigación debe señalar la responsabilidad de la Blackfire Exploration en su asesinato y de los funcionarios del gobierno del estado de Chiapas", puntualizan.

Ese 27 de noviembre del 2009, Abarca fue ultimado por sicarios, en el centro de Chicomuselo, por sus constantes denuncias por los efectos negativos en la extracción de barita por parte de la canadiense, Blackfire Exploration, en la mina La Revancha, del municipio de Chicomuselo. 

Pero previamente a su ejecución, Abarca "fue víctima de un largo proceso de criminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas" en su contra, con cargos por falsos delitos en su contra que lo llevaron a prisión. 

La misiva está dirigida al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el gobernador y Fiscal de Chiapas, Manuel Velasco y Raciel Lopez; y el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie. 

En el documento se dice que a pesar de haberse iniciado expedientes por delitos como robo y lesiones a la familia del activista y por su homicidio, "hasta el día de hoy, la investigación por parte del Estado mexicano se ha paralizado".  

Y ademas de estar detenidos varios implicados, "todos ellos con algún vínculo de trabajo con la empresa Blackfire y después de haber sido sentenciados uno de ellos en el 2010, hoy todos se encuentran en libertad, incluyendo al sentenciado", dice la misiva. 

Hasta ahora "no hay nuevas líneas de investigación orientadas a la búsqueda de los autores intelectuales y materiales que den certidumbre tanto a la familia de Mariano Abarca, como al resto de sus compañeros de lucha".  

cfe

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