Desfalcan municipios mil 603 millones en Tabasco

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Tabasco se ha convertido en un “paraíso” para los saqueadores del erario. Tan sólo en las cuenta públicas de 2014 y 2015, las últimas que han sido calificadas por el Congreso local se desviaron mil 603 millones de pesos, de los cuales el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) sólo ha iniciado la recuperación de 8 millones de pesos.

De acuerdo con los dictámenes de los ejercicios presupuestales de esos dos años, en los 17 municipios de la entidad los ex ediles dejaron irregularidades de mil 603 millones 757 mil 785 pesos con 47 centavos, sin que hasta el momento el OSF haya presentado las demandas penales, o bien, informado sobre los procesos resarcitorios que se tenían que haber iniciado.

En las cuentas públicas del 2014 aprobadas por el Poder Legislativo, las observaciones a los 17 alcaldes ascendieron a 210 millones 821 mil 45 pesos con 47 centavos, en tanto que en el ejercicio presupuestal de 2015, los recursos que no pudieron ser solventados llegaron a los mil 392 millones 936 mil 740 pesos, siendo las irregularidades más comunes la falta de comprobación de gastos, obras inconclusas, salarios fuera del tabulador y desvío de recursos públicos.

En los dictámenes aprobados en diciembre de 2016, se le otorgaron 45 días al órgano fiscalizador para iniciar los procesos sancionadores, que van desde inhabilitaciones hasta demandas penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE); sin embargo, han pasado seis meses y no se ha hecho nada.

Fiscalización ausente. El diputado local del PRI César Augusto Rojas Rabelo acusó que a pesar que ha transcurrido el plazo establecido por el mismo Congreso, el titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), José del Carmen López Carrera, no ha iniciado los procesos resarcitorios, no ha inhabilitado a nadie y menos ha interpuesto demandas penales como le ordenó el pleno.

Lamentó que se siga protegiendo a los ex ediles que concluyeron su trienio en 2015: “Ni al Congreso ni a ninguna comisión inspectora se le ha entregado algún informe del OSF sobre las acciones que se han tomado. Se sigue protegiendo las malas cuentas públicas y se siguen protegiendo las malas acciones de los ediles”, acusó.

A esta exigencia se ha sumado el diputado del PVEM José Manuel Lizárraga Pérez, quien exigió al OSF actuar con responsabilidad y aplicar las leyes. “Ese señor José del Carmen López es peor que el anterior, está protegiendo la corrupción, no ha hecho su trabajo y, por el contrario, ha llegado sólo a maquillar las cuentas públicas; si no puede, que renuncie”, advirtió.

Los cinco municipios con más observaciones en los últimos dos años fueron Huimanguillo, administrado por Francisco Sánchez Ramos; Nacajuca, por Pedro Landero; Macuspana, por Víctor Manuel González Valerio; Centro, por Humberto de los Santos Bertruy y Tacotalpa, por Alterio Ramos Pérez, todos emanados de las filas del PRI.

Impunidad institucional. No son los únicos ex funcionarios que siguen impunes, pues la última cuenta pública del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo fue reprobada por los diputados locales con una observación de 5 mil 39 millones 251 mil 943 pesos con 99 centavos; sin embargo, la Ley de Fiscalización del Estado de Tabasco señala que el órgano fiscalizador tiene hasta cinco años para aplicar sanciones y aún no concluyen los procesos administrativos.

En una entrevista, el fiscal superior, José del Carmen Carrera, reconoció el riesgo de que quede impune el saqueo por el que incluso el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier y su tesorero, José Saiz Pineda, se encuentran recluidos desde junio de 2013.

“En 2017 prescribe todo el resarcimiento de 2012; eso estamos haciendo, para que no prescriban las acciones porque tenemos un artículo de la Ley Superior de Fiscalización que nos dice que aun cuando en los decretos no venga ninguna información en relación a procesos resarcitorios, nosotros por ley sí tenemos como pliego de cargo, tenemos que actuar”, precisó.

Así han transcurrido los últimos años de administraciones públicas en Tabasco, en donde autoridades estatales y municipales emanadas del PRI y PRD han sido señaladas con documentación de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, y aun así no hay más que dos detenidos.