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En Tijuana, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a Jorge Alberto “N”, El 90 o El Furcio, a quien se le relaciona con la emboscada a un convoy militar el 30 de septiembre de 2016, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; en otra acción como pare de la misma investigación detenida otra persona de nacionalidad estadounidense.

Luego de las labores de inteligencia realizadas por el gabinete de seguridad, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ubicaron al miembro del Cártel de Sinaloa que se refugiaba en Tijuana. De inmediato cumplimentaron una orden de cateo a un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Rioja, donde se encontraba Jorge Alberto “N”.

De acuerdo con la investigación, al hoy detenido se le considera como presunto responsable del trasiego de heroína, cocaína y cristal, empleando la ruta Culiacán-Tijuana hasta llegar a Los Ángeles California, en EU.

“Asimismo, participó en la agresión en contra de personal militar en la ciudad de Culiacán, en la que resultaron muertos cinco elementos castrenses y heridos once más, apoyando con personal y vehículos a las células delictivas que participaron en la emboscada”, informó la dependencia.

Al detenido se le considera uno de los principales operadores en esa entidad de la organización delictiva para la que operaba y su captura afecta de forma significativa a la estructura delictiva con la que colaboraba.

La PGR informó que de manera simultánea se efectuaron otros dos cateos e inmuebles relacionados con El Furcio, también en Tijuana, donde se detuvo a Jesús Fernando “N”, de nacionalidad estadounidense.

Al momento de su captura le aseguraron al estadounidense 11 recipientes y una bolsa de plástico conteniendo cristal con un peso de 5.4 kilogramos, tres armas largas y un vehículo con placas de California.

Los detenidos, la droga y los vehículos asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República en Tijuana, Baja California, y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal.

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